El Gobierno incluía en el mismo paquete que la moratoria de desahucios, la congelación de cuotas de autónomos o las ayudas por la dana y los incendios.
La mayoría que suman el PP, Vox y Junts ha tumbado este jueves en el pleno del Congreso dos de los cuatro decretos del llamado escudo social y ha votado a favor de la revalorización de pensiones, que ha sido aprobada con el único voto en contra del partido de Santiago Abascal.
El decreto ómnibus -que ha sido rechazado por segunda vez en un mes con 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye también otras medidas, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
El Gobierno separó la subida de las pensiones para 2026 y el 'escudo social en dos decretos distintos, después de que esos grupos tumbaran en enero un decreto ómnibus que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la 'okupación'.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, adelantó este miércoles su rechazo al decreto y sugirió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría contar con su apoyo "separando el escudo social de las okupaciones". "¡Escudo social sí, okupaciones no!", dijo la portavoz de los de Puidgemont.
La derogación del decreto con el escudo social era previsible, pero a media mañana Junts ha anunciado que votaría también en contra del diseñado para topar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia y evitar subidas abusivas como las ocurridas, por ejemplo, en el precio de los vuelos tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
Aprueban la revalorización de pensiones
Por otro lado, el Congreso ha convalidado la revalorización de pensiones un 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las mínimas y al 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.
El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.
La norma incluye además la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, así como la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta. También la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.
El decreto ley contempla asimismo la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, así como la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Respecto a otras medidas, la mayoría de Junts, PP y Vox también ha rechazado la ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia.
El PP ha votado en contra porque este decreto, según ha explicado su diputada María Pilar Alía, "da vía libre (al Gobierno) para fijar precios en cualquier momento, y decidirán el principio y el fin", es decir, que el campo de acción "es muy amplio" y "eso es inquietante".
Vox también ha votado en contra de esta medida, ya que "vulnera la libertad de empresa" y "demoniza a sectores enteros de nuestra economía", ha dicho su diputado Carlos Flores, quien ha rechazado que los precios subieran tras el accidente tal y como había explicado previamente el ministro de Consumo, al que ha acusado de presentar ante el pleno un relato "lacrimógeno" y "el enésimo bulo".
Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha rechazado la medida porque "no es el camino" para afrontar la necesidad de topar los precios en situaciones de emergencias y ha acusado al Gobierno de "falta de ética" y de "menospreciar a otras fuerzas políticas". A su juicio, "querer intervenir el mercado" es "abusivo" y "temerario" y además "limita los derechos de los ciudadanos".
Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.
Presentan sus propias iniciativas
Junts ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa con sus propuestas para desbloquear la aprobación de las medidas del decreto ómnibus.
La alternativa para desbloquear la situación la ha señalado la diputada de Junts Marta Madrenas durante el debate: que el Estado se haga cargo del pago del alquiler de las familias vulnerables sin alternativa habitacional para que no sean desahuciadas, pero los propietarios de las viviendas no resulten perjudicados.
"La solución no requiere ningún nuevo decreto. Si disponen de 300 millones de euros para proteger a las familias vulnerables, el Estado puede ir a pagar la deuda y hacerse cargo del alquiler mientras dure la situación de vulnerabilidad", ha planteado Madrenas, que poco después registraba en el Congreso una iniciativa al respecto.
La iniciativa propone acabar con las medidas de suspensión generalizada de desahucios y plantea articular un procedimiento administrativo de urgencia con dotación presupuestaria suficiente para que, en estos casos de desahucio por falta de pago del alquiler de personas vulnerables, y de acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estado pueda pagar la deuda pendiente.
Su objetivo es que la protección de la vulnerabilidad "sea asumida por la administración y en ningún caso por los particulares".
La proposición insta además al Gobierno a "asumir íntegramente el coste real de todas las decisiones adoptadas en ejercicio de sus competencias exclusivas" en materia de protección social.
En ese sentido defiende que el escudo social debe ser estructural, coherente y financieramente sostenible y que "cualquier ampliación de derechos sociales incorpore la suficiente financiación".
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