El Gobierno, dividido por la exigencia de Sumar de colar la vivienda en el paquete de medidas sobre Irán

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que el plan de medidas para la guerra de Irán solo incluirá "las medidas con consenso", una advertencia a Sumar, que busca la inclusión de algún tipo de protección a los inquilinos de viviendas de alquiler.

Sumar busca un perfil propio dentro del Gobierno, después del batacazo en las elecciones de Castilla y León, donde desapareció su representación en las Cortes, donde no consiguieron ni un escaño, lo que ha reavivado las tensiones en la formación, una coalición que a modo de muñeca rusa cobija a los más diversos partidos de izquierdas en cuyo seno está a su vez Izquierda Unida, otra coalición en la que se incluye el Partido Comunista de España.

"Somos el partido del derecho a la vivienda", ha manifestado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun en una entrevista para Televisión Española. Urtasun es, precisamente, uno de los partidarios de continuar en el Gobierno, como la propia vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin embargo, otros perfiles de la formación, como el de Antonio Maíllo, que se presenta a las elecciones andaluzas que ya están a las puertas, no lo tienen tan claro y arrecian las voces dentro del partido que exigen romper con los socialistas.

Al otro lado, el Gobierno se enfrenta con la explícita posición de PNV y Junts, cuyos votos son fundamentales para el éxito del paquete de medidas para hacer frente a la guerra de Irán.

"No vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen", ha resumido Montero en los pasillos del Congreso este miércoles, después de que Junts le advirtiera durante la sesión de control de que "les saldrá mal" si intentan "blanquear la okupación" en el paquete de medidas que se aprobará el viernes, en referencia a la moratoria para los desahucios.

Montero ha afirmado que se va a intentar que "no haya ninguna cuestión que sea un problema, un obstáculo para que alguno de los que habitualmente apoyan las medidas del Gobierno lo pueden apoyar (el decreto ley)", porque como "con la derecha nunca se sabe" es necesario contar con el resto.

Ha recordado que el Gobierno ya llevó al Congreso un escudo social que no salió adelante "por determinadas medidas", en referencia a la extensión de la prohibición de los desahucios para colectivos vulnerables, una cuestión que tampoco ahora podrá ser aprobada.

La vicepresidenta primera ha insistido en que, aunque el Gobierno considera la vivienda una política "prioritaria para los españoles", hay medidas que "no comparten" todos los grupos parlamentarios.

Mientras tanto sigue abierta la negociación entre PSOE y Sumar, como ha quedado patente en los pasillos del Congreso donde la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que el decreto anticrisis incluirá "seguro" la vivienda, a lo que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha replicado: "No tan seguro diría yo, vamos a trabajarlo".

Del lado de Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha dicho que está "peleando" para que el plan incluya la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, además de la congelación del importe de los alquileres.

Sumar lleva meses intentando que el PSOE acceda a una prórroga de los alrededor de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año, lo que protegería "al 20 % de españoles que viven de alquiler y no pueden afrontar una subida del 40 %, 50 % o 60 %", ha indicado Bustinduy.

A su petición se han sumado hoy también EH Bildu y Compromís, que ha pedido a los socialistas que "no se escuden detrás de los grupos nacionalistas de derechas" para evitar el tema de la vivienda.

Sin embargo, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reclamado, en su 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se la juegue esta vez" y que "aparte las propuestas más extremas".

El presidente, por su parte, ha pedido "tranquilidad y paciencia", y ha insistido en que el decreto ley tendrá medidas coyunturales para proteger a hogares, empresas y trabajadores, y medidas estructurales para avanzar en la transformación del sistema energético para resistir con mayor autonomía las crisis que nada tienen que ver con el funcionamiento de la economía española.

Entre las coyunturales, previsiblemente se incluirá la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que los consumidores pagan en la factura de la luz, después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, haya dicho que esa fue una de las medidas que funcionó para frenar el impacto de la guerra en Ucrania.

Asimismo ha dicho que se está analizando "la mejor medida" para amortiguar la subida del precio de los carburantes, después de que la bonificación de 0,20 euros no tuviera el impacto deseado cuando se aplicó hace cuatro años.