Sobre la ilegalidad o no de la guerra en Irán

Partamos de un hecho: pocos son los partidarios de la guerra y la violencia bélica desatada. Nadie en su sano juicio la apoyaría si no considerara que hay razones graves. Otra cuestión es si esas supuestas razones son objetivamente justificativas o son argumentos desmesurados. En el terreno geopolítico está claro que Irán cuenta con pocas simpatías y aliados, aunque algunos sean de mucho peso. De hecho, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un muy numeroso grupo de países no ha estimado oportuno condenar los ataques de Israel y EE.UU. Por las razones que fuere no lo han hecho.

Caben múltiples motivaciones. Sin embargo, si hablamos desde el punto de vista del derecho internacional hay otro grupo, quizá no tan numeroso y sobre todo europeo, que declara la guerra iniciada como ilegal. El punto de vista no es puramente geopolítico sino que pretende ser jurídico. Y aquí me propongo señalar algunas dificultades que creo hay que considerar antes de pronunciarse con contundencia, como me parece se está haciendo a la ligera: a veces por cuestiones ideológicas, políticas o de una mal entendida buena voluntad.

El problema es complejo a la hora de declarar legal o no un ataque bélico. Si partimos de que la negativa al uso de la fuerza admite excepciones (Carta de NN.UU) hay que examinar cuáles son y si en cada caso concurren o no. Y he ahí la gran dificultad. "El único uso de la fuerza armada permitido por el derecho internacional en vigor es, por un lado, la legítima defensa frente a una previa y probada agresión o contundente amenaza de agresión" (Araceli Mangas), además de un ataque autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como se podrá fácilmente comprobar la cuestión es determinar, en este caso concreto, si había por parte de Irán una "contundente amenaza de agresión".

Y aquí entran las interpretaciones de todo tipo que se leen y escuchan. ¿Quién determina si la había o no? ¿La opinión pública, los periodistas, dignatarios o expertos internacionalistas? Evidentemente, creo que ninguno de ellos puede con pruebas o hechos fehacientes afirmar tal o cual cosa. En todo caso, si llegara a instancias judiciales internacionales se podría dirimir conforme a derecho la legitimidad o no de los ataques iniciales. No bastan indicios, declaraciones, noticias o presunciones. Habría que valorar los argumentos y pruebas de las partes para sopesar si realmente podía hablarse de una amenaza de agresión contundente.

Se alega que Irán estaba produciendo a razón de doscientos misiles al mes, evidentemente no con ánimo defensivo, y, por otra parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estima que, cuando Israel lanzó sus primeros ataques en junio de 2025, Irán poseía 440,9 kg de uranio al 60 %. Si se enriqueciera aún más, esta cantidad proporcionaría el explosivo necesario para fabricar diez armas nucleares, según un parámetro de la propia OIEA. Y al parecer este material permanece aún en posesión de Irán.

No parece permisible no solo por conseguir bombas atómicas, de consecuencias impensables, sino porque la capacidad balística acumulada y adquirida haría imposible cualquier defensa. Y si Israel decide atacar a Ali Jamenei y su cúpula y EE.UU se adelanta a la más que previsible respuesta también contra objetivos USA para minimizar daños ¿se pueden considerar estos factores como una amenaza de agresión contundente? Dejó aquí la pregunta planteada.

Por otra parte, en cuanto a las capacidades armamentísticas reales de Irán, los plazos de consecución de nuevos arsenales, si el uso de la energía nuclear conseguida es para usos civiles pacíficos como arguye y otros muchos datos relevantes no creo que estén en manos de una mayoría de los que se atreven a opinar en un sentido u otro sobre la legalidad o no de esta desgraciada situación de guerra. Sorprende para bien el cuidado jurídico de la asociación española que ha denunciado a Israel y a EE.UU ante la Corte Penal Internacional incluyendo la coda "presuntamente", algo habitual en estricta justicia hasta que no haya una condena definitiva y que en este caso preciso se olvida con facilidad.

Se pueden referir similitudes con situaciones pasadas, intenciones políticas, actuaciones irresponsables, etc., pero por mucho que una administración haya anunciado su cambio de criterios de actuación respecto al orden mundial y las reglas vigentes u otro país haya actuado con evidente desproporción en el uso de la legítima defensa en un aún reciente pasado no autoriza jurídicamente, parece, a trasladar esas coordenadas a situaciones posteriores y determinadas decisiones que hay que examinar con rigor -dada la dificultad de dilucidar si se ajustan o no a derecho- junto a las correspondientes responsabilidades.

No se trata pues de remitir al futuro culpas o crímenes, ni de eludir la gravedad de posibles abusos de la fuerza, simplemente argumento que -en todo caso- habrán de ser los tribunales internacionales los que concluyan las correspondientes condenas. O el mismo tribunal de la Historia. Es lo que exige el respeto a la legalidad y a los procedimientos judiciales probatorios y las legítimas sentencias. De modo que creo se puede afirmar que las aseveraciones sobre la legalidad o no de los ataques israelíes y estadounidenses, no es un asunto que se pueda dirimir con tanta facilidad como parece en boca de no pocos políticos, mandatarios, periodistas, etc. La legítima defensa preventiva es una cuestión discutida, más con armas nucleares de por medio, y sobre la que no hay jurisprudencia asentada.

Se les puede creer o no pero los mandatarios norteamericanos, como el Secretario de Estado Mark Rubio, o el director de la CIA, afirmaron públicamente haber obrado como reacción a lo que consideraban un "ataque inminente". El propio Secretario General de la OTAN Rutte afirmó respecto a Irán: "es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción. Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero". Por ende, la directora de la Inteligencia USA se remitió al presidente Trump como la única persona que, con toda la información a su disposición, podía valorar la inminencia o no y en qué grado de un posible ataque iraní.

Así la tradición moral sobre la posibilidad de una guerra justa (en el sentido ético) habla de que la apreciación de las condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio “prudente" (en términos de la virtud clásica) de quienes están a cargo del bien común, esto es, de los responsables de las acciones llevadas a cabo. Por lo tanto, y omitiendo las razones similares que pudiera emitir Israel, no estamos ante una cuestión que se pueda evaluar y juzgar sencillamente. Para ello están los procedimientos judiciales y me temo que cualquier opinión que no se remita a posibles pronunciamientos de los Tribunales no está hablando de ilegalidad o no según criterios jurídicos sino de otra índole.

Habrá quien afirme que en la política internacional no se puede esperar a sentencias, porque hay que actuar en un sentido u otro y siendo esto cierto, cabe recordar, vale para todos. Por otra parte, están los condicionamientos propios del Derecho Internacional. Hay países que no están integrados en el sistema internacional de Justicia pero eso no obsta para que éste pueda pronunciarse sobre los asuntos e incluso que puedan acudir a dicha instancia particulares o naciones sin membresía. Existe la suficiente cobertura para acudir a la Justicia en las controversias.

Otro asunto grave y pendiente es el veto en el Consejo de Seguridad. Hay quien ha propuesto retirárselo a EE.UU y a Rusia por estar inmersos en una guerra, pero se olvida que China es aliada de Irán y parte implicada (ayudó técnicamente al régimen iraní a silenciar las redes sociales durante la represión política de enero). Rusia también colabora con Irán con inteligencia satelital. Por lo tanto la idea no parece muy imparcial. Se añade que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Rusia y China parecen vetar el uso de la fuerza para abrir el estrecho de Ormuz. Además, Irán, China y Cuba han denunciado ante dicho Consejo el ataque a una escuela infantil en los primeros días de la guerra, efecto colateral grave por ser civiles y niños.