El sindicato Manos Limpias ha pedido que se impute a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por cuatro delitos, y solicita una pena de diez años y tres meses.
El juez Peinado cerró la instrucción del caso Begoña Gómez este lunes y ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El sindicato también solicita una pena de dos años y tres meses para el empresario Juan Carlos Barrabés, por delitos de tráfico de influencias, además de 11 años de inhabilitación.
La acusación expresa que Begoña Gómez habría utilizado su condición de esposa del presidente del Ejecutivo para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ordenara la creación de su cátedra extraordinaria. Este proceso, según detalla el escrito, "se hace con rapidez, tratándose de una persona sin titulación superior".
Gómez se habría "lucrado personalmente" de la cátedra como bien de la Universidad con la asistencia de su asesora Cristina Álvarez, a través de "funciones auxiliares", explica la acusación.
Begoña, contra el juez Peinado
La defensa de Begoña Gómez ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de la tramitación "anormalmente acelerada" del procedimiento y de vulnerar sus derechos fundamentales por querer llevarla a juicio sin resolver previamente sus recursos.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Antonio Camacho exige al instructor que resuelva cuanto antes el recurso que presentó el pasado 25 de marzo contra el auto del pasado 13 de abril que iniciaba el procedimiento del tribunal del jurado.
Camacho insta, por tanto, a "la pronta resolución del recurso" para "permitir el debido control de las resoluciones judiciales".
Porque, agrega, "la continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos interpuestos por las partes contra el auto de incoación constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión".
En su opinión, el derecho a recurrir "no se satisface con la mera interposición del recurso", sino que "exige necesariamente una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial".
La defensa considera, por tanto, que la omisión de su resolución genera una situación de "incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa" que "adquiere especial gravedad" cuando la causa continúa "avanzando a fases sucesivas sin que se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones recurridas".
Y ello, entiende, produce una "indefensión material" y consolida situaciones jurídicas "sin el debido control jurisdiccional".
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