El Ayuntamiento de Lérida, gobernado por el PSC, ha impulsado una propuesta de ordenanza de civismo que incluye la prohibición de llevar el rostro completamente cubierto en la vía pública y en dependencias municipales. La medida, que afecta al uso del burka y el niqab, deberá ser debatida y votada en el pleno municipal previsto para el mes de junio.
El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció que el artículo 12 de la normativa establece que, para garantizar la interacción social en una sociedad “libre y democrática”, quedará prohibido “llevar cualquier prenda, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos”.
La propuesta contempla sanciones por incumplimiento consideradas como falta leve, con multas que oscilarían aproximadamente entre los 200 y los 750 euros, según las distintas versiones avanzadas. No obstante, el texto incluye excepciones para espacios como lugares de culto u otros ámbitos donde cubrirse el rostro sea una práctica socialmente aceptada y no afecte a la convivencia.
Desde el consistorio, la teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, ha defendido que la iniciativa irá acompañada de un plan de acciones socioeducativas. El objetivo, según explicó, es fomentar la autonomía de las mujeres, mejorar su acceso a recursos y reforzar los vínculos sociales. Valls enmarcó la medida dentro de una perspectiva feminista, señalando que se busca también identificar posibles situaciones de violencia machista vinculadas al uso del velo integral.
La iniciativa reabre un debate ya vivido en la ciudad. En 2010, bajo la alcaldía de Àngel Ros, Lérida intentó aprobar una prohibición similar en espacios municipales. Sin embargo, la medida fue recurrida por la asociación islámica Watani y finalmente anulada por el Tribunal Supremo, que determinó que los ayuntamientos no tienen competencias para limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa sin una ley estatal previa.
El anuncio ha generado reacciones políticas inmediatas. El líder del PP en la ciudad y jefe de la oposición, Xavi Palau, ha criticado la iniciativa acusando al gobierno municipal de “falta de coherencia” y de adoptar posturas cambiantes en función del contexto político.
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