Hacia un nuevo régimen político en España

La afirmación del encabezamiento no es gratuita, porque es el caso que España ha dejado de ser un sistema parlamentario, en la medida que llevamos años sin presentación, debate y votación de los Presupuestos Generales del Estado, los cuales se han ido prorrogando desde Octubre de 2022. Sin embargo, ante la incapacidad de su aprobación, la idea es evitar otra vez una obligada convocatoria electoral, prorrogándolos también en este ejercicio de 2026: se trataría, pues, de prorrogar unos Presupuestos aprobados por “una legislatura que ya no existe”, quebrando así -nos explica con precisión de jurista el Profesor Eloy García- “el principio de anualidad que es la norma general que prevalece por encima de una prórroga”. De tal forma, pues, que, efectivamente, España habrá dejado de organizarse como un sistema Parlamentario.

En este punto, conviene recordar algunos principios elementales y, como tales, fundamentales. Veamos. Estos sistemas políticos como el nuestro, que llamamos democracia liberal y parlamentaria, están basados en un complejo equilibrio entre la forma de elegir el ejecutivo por sufragio universal (procedimiento que apenas tiene poco más de cien años en la mayoría de nuestros países, Reino Unido incluido) y todo un entramado de reglas y disposiciones que, en cierta medida, persiguen lo contrario; esto es, controlarlo, equilibrándolo con la república, que escribía Madison en el Federalista. Esta parte liberal de nuestras constituciones, (que ha viajado entre el seiscientos y el setecientos con los apellidos de Locke y de Montesquieu, y los textos del Bill of Rights de 1689 y de la Constitución americana de 1787), y que conocemos como división de poderes, se alimenta de una arraigada y profunda desconfianza sobre el poder. Una prevención que arranca en la llamada Glorious Revolution de 1688 contra la supuesta tiranía de los Estuardos, y, apenas un siglo después, resurge imparable con la rebelión de los colonos americanos.

Sin embargo, se trata de una prevención que hunde sus raíces en el mito de origen ateniense. Porque, la ciudad clásica nace con el eclipse de los dioses y se fundamenta en nociones filosóficas desarrolladas precisamente en el siglo V, que entronizaban el pensamiento racional y la observación científica, convirtiendo al hombre en medida de todas las cosas –a decir de Protágoras, el maitre à penser del régimen pericleano. Pero, ese hombre nuevo, sin el imperativo moral de las reglas de los dioses, (Sófocles) amenazaba con comportarse como un ser descontrolado. Porque, la fisis, la naturaleza descarnada del poder, significaba para una mayoría ineducada del demos –y que, tras las reformas de Pericles, además de elegir, mandaba- “la satisfacción ilimitada de sus apetitos más toscos y ambiciones más primitivas”, en palabras de Cecil Bowra.

Ya sabemos que la democracia y la libertad clásicas se trataban de experimentos muy distintos del mundo “de los modernos”, para emplear los términos de Bejamin Constant. Sin embargo, los inventores de la democracia antigua, entre los siglos VI y V a C, desde Solón y Clístenes a Pericles, tenían una idea clara y prosaica de la naturaleza de la política y de la característica expansiva y abrasiva del poder: precisamente, inventaron el sistema democrático como fórmula transaccional de amortiguar los efectos disfuncionales de las querellas descontroladas entre clanes nobiliarios en sus luchas por el poder. De esta suerte, el régimen pericleano (como el mundo Atlántico, desde la Glorious Revolution a la resaca de la Revolución Francesa) también se nutría de malas experiencias de gobiernos de reyes-sacerdotes y revoluciones de tiranos, creando una tradición de profunda desconfianza hacia el poder personal. En Prometeo y en la Orestiada, Esquilo nos proporciona una idea de lo que los atenienses entendían por “tiranía”; a saber, aquella forma política en que el autócrata, por popular que fuera, gobierna por su voluntad, sin leyes y sin tener que rendir cuentas a su pueblo. Cuentas, en un sistema cuya esencia era la libertad de palabra, iségoria, la marca de la libertad, apostillaba Demócrito: ¿puede alguien imaginar una igualdad más bella?-concluye Eurípides en Las Suplicantes. En cierto modo y medida, la democracia directa y participativa de los clásicos, en virtud de sus reducidas dimensiones, debió acercarse a la famosa receta de Ostrogorski, en el sentido de que “la función política de las masas en una democracia no es gobernarla”, sino “mantener en jaque a la minoría dirigente”.

Los Founding Fathers americanos tuvieron preocupaciones similares y llegaron a conclusiones parecidas. Rebajaron su optimismo liberal sobre la condición humana con algunas gotas de hobesianismo (Hamilton). La sociedad –escribía Thomas Paine- es producto de nuestras necesidades; el gobierno, de nuestras debilidades: si se gobernaran ángeles –señalaba Madison- no sería necesaria su existencia. En última instancia, el problema surgía de la idea de una soberanía superior y absoluta. O, en palabras de José Antonio Marina, en el hecho de que “¡nuestra estructura política se basa en un concepto inventado para justificar el poder absoluto!”. De hecho, Hobbes deriva su teoría del derecho ilimitado del poder de la soberanía del pueblo. Ya nos enseñó Pierre Rosanvallon que, los revolucionarios franceses, en su deseo de mando (John Stuart Mill), no buscaban la democracia sino a la nación, transfiriendo la soberanía del rey al pueblo, que es “aprehendido como la figura de la totalidad social; en síntesis, identificado con la nación”. De algún modo, la experiencia revolucionaria había proyectado un fantasma aterrador para Tocqueville: que la soberanía popular podía “dar luz a un despotismo más formidable que el derivado de la soberanía divina”; pues, mientras ésta tenía, al fin, como referente la Ley Eterna, la voluntad popular carecía de freno natural que pudiera controlar “al poder arbitrario” (Jouvenel).

La soberanía, ya fuera de origen divino o popular, por su propia naturaleza, no podía ejercer su derecho ilimitado directamente. El Soberano debía, por tanto, conferir un mandato a un grupo que ejerciera el poder por delegación. Pero, ¿cómo evitar que los mandatarios traicionaran la confianza del Soberano e intentaran suplantarlo, “invistiendo a sus propias personas, bien de la voluntad divina o bien de la voluntad general?: al fin, Luis XIV reclamó para sí el derecho divino y Napoleón el del pueblo” (Jouvenel). El control del Soberano sobre el poder debía ejercerse por la Iglesia, en el supuesto de soberanía divina. En la soberanía popular, se suponía que debían ser los representantes del Soberano, elegidos y reunidos en parlamento, los encargados de controlar el poder.

Tenemos, pues, que dirigir una mirada retrospectiva y atenta a “los castillos”, como reclamaba José Ortega y Gasset. Por eso, quizá, para Rousseau, Parlamentos, Estados Generales y Cortes eran vestigios feudales. Sin embargo, y fuera como quiera, el hecho es que, desde el siglo XII, aquellos representantes del común se han venido reuniendo pour parler ensemble (ejercicio y tarea del que se deriva el nombre de la vetusta y honorable institución, como todavía decían en francés en el siglo XIV los miembros del Parlamento inglés). Hablar como fórmula para vivre ensemble: para convivir, entendiéndose, hablando y escuchando; porque, la pareja socrática del hablar no es sólo oír, se requiere “escuchar”: es la “consonancia” que exige la democracia (S. Bickford). Gobernarse sobre el consentimiento mutuo –ya lo observó Locke en el Segundo Tratado- implica diálogo, una discusión ponderada. Formulado desde Harvard y en palabras de nuestros días, Nozick y Rawls coincidirán, al menos, que la política de la democracia liberal es “discursiva”, porque tiene una “base deliberativa”. Deliberar, para empezar, y sobre todo, debatiendo y controlando recaudación y reclutamiento. La forma de elección y representación de nuestros Parlamentos y Cortes son por completo diferentes de lo que fueron sus orígenes medievales. Pero, esos dos asuntos son los mismos: marca de fábrica y tarea principal de nuestros representantes. Cuestión de tanta importancia y significación, que es precisamente en el Parlamento donde los británicos consideran que reside la soberanía. De modo tal, que no pueden imponerse tasas sin representación, ni puede haber recaudación sin debate y votación: por eso también -me señalaba un ilustre magistrado- no resulta fácil de comprender que el Cuerpo de Interventores del Estado (CSIAE) autorice libramiento de gasto alguno carente del más mínimo soporte parlamentario, como es el presente caso. ¿Y qué podemos decir del otro cometido principal de un Parlamento? Pues, que tampoco puede disponerse de fuerzas militares, ni enviarse fragata alguna a la Itaca chipriota que sea, sin ese control, debate y votación de nuestra representación. En nuestro tiempo, no pediremos la cabeza del gobernante, como hicieron los Comunes ingleses con Carlos de Estuardo en el siglo XVII, pero debemos ser conscientes de que el Calígula que nos gobierna nos ha dejado sin cabeza; o, al menos, sin lengua ni oídos, en lo que hace a las dos principales tareas y atribuciones del Parlamento.

Con esta decisión de gobernar (recaudar y reclutar) sin Parlamento, (o haciéndolo, prorrogando unas decisiones de una Cortes que ya no existen), Pedro Sánchez ha removido el control decisivo, definitorio de nuestro sistema. Otro, más, se nos dirá. En efecto, pero, no otro cualquiera. Sin embargo, a nuestro gobernante poco le preocupan controles y equilibrios, herencia de la parte liberal (o republicana, leemos en Madison) de nuestras Constituciones. A Sánchez, lo único que le interesa es el ejecutivo, aunque traducido en términos hobbesianos: léase un incansable deseo de conseguir poder.

Naturalmente, y en algún momento, habrá que hacer elecciones, aunque solo fuera pra ingles a ver, como decían los portugueses del XIX refiriéndose a sus elecciones (europeos, traduciríamos hoy). Si bien, como nos cuenta Luis María Anson que le explicó Fidel Castro a Hugo Chávez, elecciones que se hacen, pero que nunca se pierden, porque se manipulan, como ha demostrado Maduro en la Venezuela actual. Y, lo cierto es que el Sr. Sánchez es perfectamente capaz de intentarlo. Para conocer de qué mimbres éticos están hechos algunas personas, no hay como el desliz freudiano: ¡qué son unas pocas papeletas frente a una victoria apoyada por miles de votos!, una exclamación de Sánchez que hizo estallar de indignación a Alfonso Guerra. (Estos días, alguna periodista persistente e inquisitiva ha demostrado, hasta con videos, que, en el pucherazo de las “internas” del PSOE en 2016, amén de violentar el reglamento de votación, el fraude electoral se cifró en cientos o miles de votos). Pero, a efectos de nuestro argumento, eso es lo de menos. Tiene razón Guerra en su afrenta moral: bastaba con el desliz freudiano, puesto que, a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los penalistas.

Porque, aquí, la cuestión crucial es que estos sistemas democrático-liberales, que tienen límites y medida (diké y metrón, decían los clásicos), se supone que respiran libertad, dicen la verdad y viven en el Derecho. Por eso, no son “naturales”: al contrario, son un “producto de la cultura” (y la idea es orteguiana); si no artificiales, cuando menos son construcciones artificiosas. En suma –y en palabras de Ignace Lepp- se trata de “una conquista sobre la naturaleza”. Por eso -escribía Chesterton, desalentado- este mundo nunca será seguro para la democracia: porque la libido dominandi es uno de los grandes deseos del hombre, según Agustín de Hipona; y, el poder arbitrario, el objeto natural de la tentación del Príncipe, nos recuerda el profesor Brogan citando a Swift.

Y, claro, los Alcibiades (ese desaprensivo discípulo de Sócrates, del siglo V a JC, que a todos -atenienses, espartanos y persas- traicionó) de otro mundo, y, en la España actual, también del nuestro, engañando y mintiendo, parecen muy sagaces, dedicándose a la “tramposería” -si se me permite el galicismo, copiado de Jaqueline de Romilly- cuando, en realidad, en la vida pública y privada, no pasan de eso, de trileros y tramposos, llenos de trucos y señuelos ramplones, de baja condición intelectual. Son “vivos” -como los llaman en Buenos Aires- desafortunado término que ha desbaratado a un gran país durante más de medio siglo. Gentes hábiles, pero de una inteligencia menor, porque no creen más que en el provecho propio. Carecen de generosidad y buena intención, virtudes que, según Kant, deben acompañar a la inteligencia. En suma, su ventaja comparativa, en los negocios privados y públicos, está en la deshonestidad. Y, en política, son gentes presas de la folie de pouvoir (Pascal de Sutter); de hübris, el síndrome de los tiranos, que decían los clásicos: un nivel pornográfico de ambición en busca del poder irrestricto, que vive de la mentira y el engaño y prospera con la trampa, sin respetar reglas ni principios. En suma, un grado superlativo de soberbia, una desviación psiquiátrica, que, casi en nuestro tiempo, analizó David Owen, un médico que formó parte del gabinete de Harold Wilson.

Como es sabido, y como está diagnosticado (por Hervey Cleckley y Robert Hare, entre otros), ninguno de esos pacientes, enfermo de hübris, deja el poder mansa y suavemente, en atención a reglas y principios. Y el Alcibiades que nos ha tocado en mala suerte, tampoco. Si puede, intentará dar el pucherazo. Como todos los defraudadores electorales, ya ha empezado adobando el censo (como decían en el ochocientos, Giolliti en Italia, o Posada Herrera y Romero Robledo, en España), con una llamada “Ley de Nietos” (la concesión de la ciudadanía a descendientes de españoles, hasta los bisnietos, en algunos supuestos), que, presumiblemente, inflará el censo electoral de residentes en el exterior en un 20 o 30%. Aunque el cálculo (sanchista) de que se tratará de un contingente de posibles votantes agradecidos al gobierno sea un supuesto verosímil, el impacto real es discutible, (en la medida, que depende mucho de las experiencias habidas por esos nuevos españoles en los países de acogida y en función, además, de un nivel de participación muy variable). En todo caso, el talante y propósito, como advirtió Guerra, están claros. No obstante, el sistema electoral español es sumamente garantista y está sembrado de controles. Dicho lo cual, y en todo caso, la oposición democrática bien haría en asegurarse que no haya mesa sin interventores ni acta sin su firma y en vigilar especialmente el voto por correo.

No creo, empero, que la apuesta del autócrata esté sólo, ni siquiera fundamentalmente, en un arriesgado e incierto fraude electoral. De un personaje que ha demostrado comerse la palabra, corromper su partido e ideología, burlar principios y saltarse cuanta norma le incomode, nada -salvo el cálculo de poder- le impedirá intentar una pirueta mortal constituyente hacia un precipicio confederal: convocando referendos, (que llamará consultivos, sobre todo, si los pierde), en Cataluña, o en el País Vasco y Galicia, si lo estimara conveniente para perpetuar e incrementar su poder. Sea como quiera, antes o después, ese será el horizonte de un cambio de régimen político que comenzó hace tiempo y ha emprendido hoy un curso determinante al suprimir el control del Parlamento en sus dos asuntos capitales.