Habrá que recurrir a los libros de historia del continente americano para entender que México está siendo sometido a una operación de geopolítica y seguridad nacional para subordinarlo a los intereses del nuevo Orden Mundial de EU contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte y aliados estratégicos.
El Trump del expansionismo geopolítico en el primer año y un tercio de gobierno es muy diferente al de su primer período 2017-2021. En aquel entonces no tenía una idea clara de la geopolítica, pero ahora --sin duda que con la asesoría de organismos y fundaciones ultraconservadoras-- estaría encabezando una reorganización de la línea roja entre Estados Unidos y sus aliados contra el eje Moscú-Beijing-Teherán.
Lo que estamos viendo y padeciendo en México con Trump en los últimos 16 meses tiene coherencia en la reconstrucción del conservadurismo radical que los veteranos republicanos en la Casa Blanca abandonaron como ideología dominante después de la caída del muro de Berlín en 1989, del Consenso de Washington de noviembre de 1989 que terminó con la economía archipiélago y creo uno de los polos económicos y de poder con la globalización de mercados y de la desaparición de la Unión Soviética en 1991.
En la última semana, la Casa Blanca de Trump escaló decisiones de intervención directa en asuntos mexicanos y utilizó para ello el camino de la seguridad nacional frente al narcotráfico: después de haber amenazado desde enero de 2025 que tenía pensado invadir México para destruir con sus fuerzas militares americanas a los nidos de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, la Casa Blanca emitió una solicitud oficial a México para el arresto con fines de extradición de tres importantes políticos del grupo del expresidente Andrés Manuel López Obrador --el gobernador de Sinaloa, uno de los senadores por Sinaloa y el alcalde de la capital Culiacán y otros siete-- y con eso puso --en lenguaje específico mexicano --“patas arriba”-- Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al expresidente López Obrador refugiado en su rancho en Palenque, Chiapas, al sureste mexicano.
Trump no sorprendió a nadie. Varias veces había declarado --primero-- que con López Obrador y Sheinbaum México era un narcoestado controlado por los cárteles y –después-- había amenazado con enviar tropas a México para destruir territorios narcos. La solicitud de arresto con fines de extradición tocó uno de los políticos más cercanos a los afectos de López Obrador y desde luego recibió un rotundo no con discursos mexicanos casi en modo cubano de tomar las armas para defender el terror.
Pero desde 2021, oposición, organismos electorales y opinión pública sí habían denunciado que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había pactado con el narcotráfico para ganar la posición estatal y mantener el control a cambio de entregarles política, seguridad y territorio sobre todo el Cártel de Sinaloa, entonces dirigido por los famosísimos Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada, los dos arrestados y extraditados, los dos peleados en Sinaloa en una guerra criminal entre sus seguidores --los mayitos y los chapitos, en ese lenguaje mexicano que realmente rebasa cualquier tipo de intento de regulación por parte de la Academia Española-- y los dos también controlando la producción de droga y su contrabando a estados.
Desde 2005, la agencia antidrogas de EU --DEA, por sus siglas en inglés-- había aportado pruebas contundentes del poder político y de gobierno del Cártel de Sinaloa y su expansión en células autónomas igualmente poderosas en territorio estadounidense porque junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación controlaban el contrabando de droga a territorio estadounidense, su distribución en los 50 estados de la Unión americana, la venta el menudeo y el lavado de divisas criminales.
La respuesta gubernamental de México fue la obvia: “una oficina de Nueva York”, ironizó la presidenta Sheinbaum para disminuir la solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador, el senador, el alcalde y siete personas criminales, luego de cumplir con los requisitos legales en EU de un Gran Jurado y para ello se invocó con bastante precisión y certeza el Tratado de Extradición entre los dos países.
Y en esa nos encontramos. A pesar de que inclusive el gobernador Rocha Moya había confesado a dos periodistas mexicanos para fines de publicación que los políticos no podían gobernar Sinaloa si no se entendían y pactaban con el narco y que la había negociado directamente con El Chapo y con El Mayo, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum convirtió a Rocha Moya en el Benito Juárez del siglo XXI, aquel presidente indígena que resistió la invasión francesa, derrotó y fusiló al emperador Maximiliano y fundó el Estado-nación.
Pero conociendo los modos de Trump, aquí en México se espera una fuerte réplica: se habla de otras seis solicitudes de arresto con fines de extradición de gobernadores e inclusive de un hijo del expresidente López Obrador y de ejercicios de preparación en cuarteles fronterizos para grupos militares que aplicarían en México la solución Maduro: incursión a sangre y fuego para arrestar a los acusados y llevárselos por la fuerza a territorio americano.
Y lo grave de todo es que México está a la espera de que en las próximas horas se reanuden las negociaciones para revalidar con reformas el Tratado de Comercio Libre y por ahí podría venir el descontón un estadounidense negándose a firmarlo y cerrando la frontera comercial con el enorme costo de una crisis económica mexicana.
En síntesis, México se encuentra atrapado entre el nacionalismo defensivo la narcopolítica en el partido mayoritario Morena.
Si (
No(
