La mejor lección de Soledad Gallego

No veo mejor manera de rendir homenaje a Sol Gallego, en el momento de su partida, que relatar mi último encuentro con ella, dándole la palabra en una sesión reciente del seminario Retos y desafíos de la Universidad Autónoma de Madrid, al lado del excelente constitucionalista que es Juan María Bilbao, y disponible en Youtube. Antes, para quienes nos escuchaban, había recordado lo que los constitucionalistas le debíamos: aquel scoop sacando a la luz el anteproyecto de Constitución y, después, el libro con su querido compañero y buen amigo mío, Bonifacio de la Cuadra, sobre la tramoya de la elaboración de nuestra Norma Fundamental.

Soledad —decía— comparte conmigo la membresía de la tertulia fundada por Francisco Rubio y Javier Pradera, de la que habló por primera vez en público Antonio Muñoz Molina. Lo que más apreciaba de Soledad, que podía aducir su condición de directora de El País en dos ocasiones y titular de las mejores corresponsalías de este periódico en medio mundo, eran sus excelentes análisis de los domingos. Sol, de verdad y admirablemente, tenía un indomable afán por extender sus conocimientos de la realidad. Recuerdo el entusiasmo con que se refería en cierta ocasión, a un curso de Historia al que asistía y que impartían Santos Juliá y José Álvarez Junco.

La reflexión de Gallego que deseo comentar ahora, pretende ilustrar sobre los peligros que, para la formación de una opinión pública libre —imprescindible en una democracia—, representan las redes sociales. Estas presumen de una legitimidad superior a la del periodismo analógico o tradicional: el derecho a la información no necesitaría, para ser ejercido por los ciudadanos, de intermediarios, papel que hasta ahora desempeñaban los periodistas. Hay, por tanto, una pretensión de legitimación democrática , se apuntaba, en el mundo digital que no debe ser desconsiderada.

Lo que ocurre, sin embargo, es que la suplantación de la intermediación de los periodistas verdaderamente no se produce, pues en la comunicación a través de las redes intervienen las plataformas. Lo que se publica en ellas no está sujeto, como ocurre en el periodismo tradicional, a la exigencia de veracidad; esto es, a una información ofrecida en determinadas condiciones de profesionalidad, lo que implica verificación y ausencia de manipulación del contenido.

El control de las plataformas tiende a reducirse únicamente a los mensajes de odio o de incitación a la violencia —como sucede en Twitter o Facebook—, donde se han suprimido o limitado determinados contenidos; pero desde luego no alcanza a los llamados “hechos alternativos”, cuya denuncia ha de corresponder inexorablemente a los medios tradicionales, que no han renunciado —ni pueden hacerlo— a las exigencias de la veracidad. En el panorama informativo actual resulta difícil distinguir entre la verdad y la invención, la mentira o la distorsión deliberada de la realidad. El resultado es un progresivo alejamiento de los ciudadanos respecto de las instituciones democráticas, acompañado de desafección y apatía política. Lo que se fomenta en la denominada sociedad de la posverdad es una cultura predominantemente emocional, y no propiamente racional, basada en la manipulación de los hechos.

El propósito de las plataformas sociales no es contribuir a la formación de un diálogo plural que permita hacerse una idea cabal de la realidad, sino, como dijera un alto dirigente inglés de Google, conseguir que cada uno reciba la información que desea. De ese modo, no se garantiza el derecho a conocer lo que merece ser conocido, condición indispensable para la existencia de un verdadero espacio público.

Sol Gallego reclama una regulación que desarrolle el Reglamento europeo de Servicios Digitales de 2024 que, aun renunciando a imponer la exigencia de veracidad a toda la información, establezca determinadas garantías. Especialmente, más allá de la prohibición de contenidos que fomenten el odio, deberían reconocerse derechos de rectificación o adición de información propia, así como exigencias de transparencia respecto de los algoritmos que determinan la identificación de los destinatarios de la información, estableciendo además fuertes sanciones para los incumplidores del reglamento —más allá del 6 % de sus beneficios—.

Sería deseable que la normativa española de transposición añadiese exigencias relativas a la transparencia sobre la propiedad y los criterios de funcionamiento de los medios de comunicación, así como que regulase con mayor detalle la publicidad institucional que abusivamente se efectúa por parte de organismos y empresas públicas.

Apuntando al futuro, lo que Soledad Gallego-Díaz vislumbra es un claro protagonismo de la prensa digital, lo que no significa en absoluto la desaparición de las grandes empresas periodísticas; más bien al contrario. Su continuidad dependerá de su solvencia y de su capacidad de actuación autónoma. Esa solvencia descansará, en buena medida, en la solidez de su base de suscriptores. Y la calidad de los medios acabará provocando el abandono, por parte de muchos jóvenes profesionales, de las redes sociales, donde no están garantizadas las condiciones de rigor informativo que la sociedad del futuro necesita.

No es necesario señalar que el mensaje de Soledad Gallego-Díaz en esta ocasión —ciertamente, una excelente lección— se transmitió con la solidez de sus conocimientos, su modestia acostumbrada («No soy una académica; hablo desde mi oficio de periodista», comenzó diciendo) y la capacidad comunicadora que siempre la caracterizó. Nuestra amiga, que, por otra parte, siempre me mantuvo generosamente abiertas las puertas de su periódico, deja un hueco muy difícil de reemplazar; esta es la verdad…