El Supremo rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

El abogado de la Comunidad de Madrid ha centrado su intervención en los efectos que el Gobierno regional prevé que tendrá la regularización en sus servicios públicos, ya que estiman que se podrán beneficiar de ella unas 255.000 personas en la comunidad y ha remarcado que es "grosero y rotundamente falso" que no haya impacto presupuestario de la norma, como ha defendido el Gobierno.

Por parte de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha llamado la atención sobre los efectos en el gasto para la administración y en el censo electoral, la urgencia con la que se ha adoptado la medida y el conflicto "brutal" que genera con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, por entra en vigor el mes que viene.

En declaraciones a los medios a la salida de la vista, Buxadé ha sostenido que la regularización es "manifiestamente ilegal", que el Gobierno tiene como "única finalidad darle papeles a todo el mundo" y que el proceso va a provocar un "brutal incremento del gasto público", preguntándose quién lo va a asumir y si habrá que expropiar las sedes del PSOE para que responda económicamente.

Por otro lado, Hazte Oír ha subrayado que la ley permite autorizaciones de residencia por supuestos excepcionales y no de forma "masiva" y ha defendido que la suspensión cautelar que pretende no supondrá "un perjuicio irrevocable", ya que los migrantes podrían recurrir a otras "vías ordinarias" para conseguir los papeles.

Y el letrado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha asegurado que el real decreto rompe "radicalmente" la jurisprudencia española y europea, mientras ha acusado al Gobierno de haber "inventado" el concepto de vulnerabilidad, uno de los requisitos que tienen que cumplir muchos de los migrantes.