Cuando un expresidente deja de parecer un expresidente

Hubo un tiempo en que los expresidentes del Gobierno abandonaban el poder y pasaban a ocupar una especie de territorio institucional reservado.

No gobernaban.

Pero representaban.

Su sola presencia conservaba una cierta dimensión de Estado. Una autoridad residual. Una distancia. Una idea de continuidad institucional que protegía tanto a la persona como al propio sistema.

Porque en una democracia seria no todo depende únicamente de la legalidad.

También depende de las formas.

De los límites.

De las apariencias institucionales que sostienen la credibilidad del poder.

Y precisamente por eso resulta tan devastador contemplar cómo un expresidente termina apareciendo pública y socialmente más cerca de la lógica del intermediario político-empresarial que de la de un antiguo jefe del Ejecutivo.

No como alguien retirado del poder.

Sino como alguien que jamás abandonó realmente el ecosistema de influencia.

Ése es el verdadero deterioro.

Porque la degradación de una democracia rara vez comienza con un delito.

Normalmente empieza mucho antes: cuando determinadas fronteras dejan de existir.

La frontera entre influencia y negocio.

Entre representación institucional y utilización privada del prestigio político.

Entre autoridad y acceso.

Entre Estado y red de contactos.

Durante años, la política española ha convivido con una anomalía cada vez más normalizada: la existencia de figuras cuya verdadera posición resulta deliberadamente difícil de definir.

No ocupan cargos públicos.

Pero siguen conservando capacidad de influencia.

No forman parte oficialmente del poder.

Pero continúan moviéndose alrededor de él.

No deciden.

Pero facilitan.

Y es precisamente en esa zona gris donde las democracias empiezan a deteriorarse.

Porque los sistemas democráticos no se erosionan únicamente mediante ataques abiertos contra la ley.

También se degradan cuando las relaciones entre poder, dinero e influencia comienzan a desenvolverse en espacios opacos, ambiguos o informalmente tolerados.

El problema nunca es que un expresidente pueda ser investigado.

Eso, de hecho, demuestra que el Estado de Derecho sigue funcionando.

El verdadero problema aparece cuando una parte del sistema político, mediático o económico intenta presentar cualquier investigación como una agresión ilegítima al propio poder.

O cuando determinados sectores empiezan a asumir que ciertas figuras deben permanecer al margen de toda sospecha por el simple hecho de haber ocupado la Presidencia del Gobierno.

Ahí es donde la democracia empieza a deformarse.

Porque el Estado constitucional no reconoce ciudadanos inmunes por biografía política.

Ni por pasado institucional.

Ni por capital simbólico acumulado durante décadas de poder.

La igualdad ante la ley empieza precisamente cuando termina el poder.

Y quizá ése sea el elemento más inquietante de todo lo que estamos viendo: la progresiva desaparición de la distancia institucional.

Antes un expresidente representaba una institución que había dejado atrás.

Ahora, demasiadas veces, parece alguien que continúa operando dentro de las mismas dinámicas de influencia política, económica o diplomática que condicionan el presente.

Como si abandonar el Gobierno no implicara abandonar realmente el poder.

Y eso destruye algo esencial.

Porque un ciudadano puede aceptar errores.

Puede aceptar investigaciones.

Puede aceptar incluso escándalos.

Lo que termina erosionando la confianza colectiva es otra cosa: la sensación de que el poder nunca desaparece realmente.

Sólo cambia de forma.

Sólo cambia de despacho.

Sólo cambia de intermediarios.

Y cuando eso ocurre, la democracia deja de parecer un sistema institucional abierto para empezar a parecer una estructura cerrada de relaciones, favores y supervivencias cruzadas.

No es una cuestión ideológica.

Ni siquiera partidista.

Es una cuestión de arquitectura constitucional.

Las democracias sólidas necesitan límites al poder.

Pero también necesitan salidas del poder.

Necesitan expresidentes.

No figuras permanentes de influencia.

Porque el verdadero problema para una democracia nunca es que un expresidente pueda ser investigado.

El verdadero problema empieza cuando un expresidente deja de parecer una institución y empieza a parecer simplemente un intermediario.

Porque entonces lo que se deteriora no es sólo su figura.

Es la propia idea de Estado.