El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes, ante quienes se preguntan por qué quiere seguir su Ejecutivo "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino", que lo hace para mejorar la vida de la gente.
Sánchez ha defendido la continuidad de su Gobierno en su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia y en medio de nuevas peticiones de dimisión por parte de la oposición tras la sentencia del 'caso mascarillas' por el que el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos.
El jefe del Ejecutivo ha anunciado que en la reunión del Consejo de Ministros de este martes se va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de la democracia, un total de 2.218 millones extra.
Esa decisión ha dicho que hace de esta jornada uno de esos días que recuerdan por qué merece la pena dedicarse al servicio público.
"Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta esta aquí", ha añadido.
Y esa respuesta es que el Gobierno sigue, ha dicho, "para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España más justa y mejor".
Mayor inversión en dependencia que superará los 7.200 millones en 2027
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, de tal forma que la aportación del Estado, según el jefe del Ejecutivo, superará los 7.200 millones de euros el año que viene.
Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en un acto celebrado en el Imserso sobre dependencia y discapacidad, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y ha destacado que este real decreto "permitirá cumplir con el compromiso de la legislatura" de que el Estado financie el 50 por ciento del gasto total de la dependencia.
El decreto "blinda por ley" el aumento de la financiación que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, e implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos, han explicado a EFE fuentes de Derechos Sociales.
En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027.
"Lo primero que debemos hacer es reducir las listas de espera", ha señalado Sánchez, y garantizar más y mejores cuidados aumentando la intensidad de la atención, reforzar los apoyos que reciben y dignificar las condiciones de quienes cuidan.
Entre 2012 y 2020 la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos. Desde entonces se ha triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de unos 1.300 millones de euros a casi 3.800 millones en 2025, ha recordado el jefe del Ejecutivo.
A partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esa mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio, han explicado desde el ministerio de Bustinduy.
Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128 %, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II (dependencia severa) suben un 100 %, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y para el grado I (dependencia moderada) suben un 18 %, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.
Esto supone que en 2027 la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el Ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al sistema en más de 5.400 millones de euros, recuerdan desde el Ministerio de Derechos Sociales.
El plan de expansión facilitará a los gobiernos de las comunidades poner en marcha los cambios estructurales que establecerá la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, y consolida el mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución para garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad.
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