Después de ser inhabilitado durante dos años por revelación de secretos.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del exfiscal del Estado Álvaro García Ortiz y ha confirmado que tendrá que pagar 39.000 euros por el coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado un auto que desestima los recursos de revisión interpuestos por el ex fiscal general y el Ministerio Fiscal contra el decreto del pasado 26 de marzo de la letrada de la Administración de Justicia que fijó en 39.000 euros el importe de la tasación de las costas procesales.
En un primer momento, la letrada aprobó la tasación de costas de 79.942 euros impuestos a García Ortiz tras la presentación de la minuta del abogado y del procurador, pero más tarde redujo la cantidad casi a la mitad al excluir del cómputo diferentes recursos.
La letrada consideró indebidas parte de las costas, estimando parcialmente la impugnación hecha por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía.
Esta decisión fue nuevamente recurrida por la Fiscalía y Abogacía, que tildaron de indebidas algunas partidas por ser superfluas e inútiles, pero el tribunal rechaza estas alegaciones y mantiene la suma de 39.000 euros.
El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal por un delito de revelación de secretos, al difundir información reservada de la investigación a González Amador.
El alto tribunal le impuso una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales, que el exfiscal pagó con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz.
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