Casi clandestinamente, el Consejo de Ministros ha indultado a la que fuera presidenta del Parlamento catalán y antigua líder de Junts, Laura Borrás, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a más de cuatro años de prisión, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. No se trata, pues, de un “delito” político por apoyar el proceso independentista. Sino de corrupción. Pues su condena obedece a su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas por fraccionar dieciocho contratos menores por un valor de 335.700 euros para adjudicarlos de forma irregular a un amigo personal.
El Gobierno también ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, que fue condenado por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía. Asimismo, ha sido indultado el artista y gestor cultural socialista Natalio Grueso, condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa.
De nuevo, Pedro Sánchez ha hecho lo contrario de lo que prometió en la última campaña electoral. Primero indultó a los condenados por el intento de golpe de Estado del 1-O para que salieran de la cárcel y, luego, se inventó una ley de amnistía a medida de Puigdemont, a pesar de asegurar que nunca haría ni lo uno ni lo otro. Pero tan chapucera fue la ley que todavía no ha podido ser aplicada. Pero le sirvió para ser investido presidente del Gobierno con el apoyo de Junts y ERC, después de perder las elecciones en 2023. Y, así, la gran mentira de la campaña le llevó a La Moncloa.
Ahora, arrastra su minoría parlamentaria, lo que, entre otras, le impide aprobar la ley de los presupuestos generales del Estado, si es que algún día se atreve a presentarlos en el Congreso. Y ese es el motivo real del indulto de Laura Borrás: intentar recuperar los 7 escaños de Junts perdidos hace mucho. Y, de paso, indulta a dos socialistas para preparar el terreno. Para que su mujer, su hermano y, desde luego, Zapatero en caso necesario, puedan eludir sus condenas con medidas de gracia aprobadas por el Consejo de Ministros. Y, como está previsto, de los casos de Ábalos, Koldo y Cerdán se ocuparía el Tribunal Constitucional del socialista Conde Pumpido, aunque ahora trabaja para que Puigdemont pueda volver a España en septiembre, a tiempo de salvar a Sánchez de su minoría parlamentaria. Lo que está por ver.
Así entiende Pedro Sánchez el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia. Cuando los tribunales condenan a sus familiares, a sus amigos socialistas o a sus socios, el Consejo de Ministros los indulta. La coartada es la habitual. Esas condenas son fruto del “lawfare” y, por tanto, es “de justicia” aplicar los indultos. Pero la verdad es otra: la autocracia de Pedro Sánchez se acrecienta a medida que se multiplican sus problemas políticos y parlamentarios. El presidente del Gobierno va a culminar la legislatura como un auténtico sátrapa.
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