Sobre la financiación de mezquitas

Lo acaba de decir clara y fundadamente en este mismo periódico, un colaborador frecuente, y viejo amigo, en un artículo en el que reflexiona sobre las mezquitas y la Constitución. No debe admitirse que quienes no respetan los derechos humanos y en particular la libertad religiosa o la cultural, financien mezquitas en países que sí traten, en principio, de respetarlos, como es el caso de España. Me he pronunciado sobre ello hace años, al menos en un par de ocasiones. Supe incluso de una iniciativa de Noruega que habría tratado de prohibir de manera operativa ese tipo de financiaciones directas o indirectas en su país, aunque no sé en qué acabó todo.

El art. 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es muy claro: Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.

Lo había dicho ya antes, con rotundidad, el 1948, el art. 30 de la Declaración Universal de Derecho Humanos: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. Y lo reiteró el art. 5 del Pacto Internacional de Derecho civiles y políticos, de 1966.

El derecho fundamental de la libertad religiosa, como también el de la libertad cultural, debe contar, desde luego, en el orden jurídico, con la posibilidad de su efectivo ejercicio, sin otras restricciones que las que imponga el orden público: los consiguientes derechos y libertades fundamentales de los demás y su justa conjunción. No se podrá, por tanto, impedir que unos ciudadanos construyan un lugar para sus actos religiosos o culturales, que respete los indicados límites que concretará el ordenamiento de cada país. Pero ni la libertad religiosa ni la libertad cultural implican un derecho a su sostenimiento económico total o parcial con aportaciones procedentes de organizaciones privadas o públicas que, programática o prácticamente, vayan contra la afirmación y el respecto de esas libertades, y defiendan o practiquen inaceptables exclusivismos, con ejercicio incluso de la violencia o la discriminación efectiva por razón religiosa o cultural.

Es completamente inaceptable mirar para otra parte ante Gobiernos o sistemas estatales que vienen imponiendo con todos los medios a su alcance una determinada religión, admitiendo la persecución, incluso violenta, contra los que no la comparten. Por altos que sean los intereses en llevarse bien con ellos, en razón de sus potencialidades económicas, su posición estratégica, etc.

Pero, en cualquier caso, las sociedades libres están favoreciendo inicuamente su propia destrucción cuando permiten que ese tipo de Gobiernos o de sistemas estatales -o personajes o grupos que los sostienen- financien directa o indirectamente lugares de una determinada confesión religiosa como las mezquitas, o actividades religiosas o culturales de determinado contenido u orientación con las que simpatizan o que ellos mismos promueven, a la vez que impiden de derecho o de hecho cualquier expresión religiosa o cultural en sus respectivos países que no sea la sostenida o amparada por ellos.

No solamente está el principio internacional de la reciprocidad. La más elemental lógica permite presumir que, quienes se benefician en los países libres de esas financiaciones -directas o indirectas- por parte de Gobiernos no democráticos y adversos a los derechos humanos, en particular las libertades religiosa y cultural, van a tratar de imponer las mismas pautas en cuanto puedan, sorteando antes las indulgentes medidas de control con las que hoy por hoy los Gobierno libres y democráticos fiscalizan el respeto de los derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de sus libertades religiosa y cultural por parte de los colectivos vinculados a tales financiaciones.

Ciertamente, no es fácil fiscalizar los contenidos con lo que se conforma la cabeza, los sentimientos y la conducta de quienes acuden a esos lugares de culto o de expresión religiosa o cultural, para no admitir lo que vaya contra los derechos humanos y las libertades de todos. Aunque es bastante probable que algo más de lo que se está haciendo pueda hacerse, dentro de los límites que todo Estado de Derecho impone a la fiscalización de las expresiones del pensamiento y de los sentimientos y la conducta. Pero es una cautela elemental, que no atenta contra la libertad garantizada en un Estado de Derecho y en cualquier verdadera democracia, vetar cualquier aportación financiera a las actuaciones o establecimientos correspondiente, de la que pueda tenerse constancia, que proceda inmediata o mediatamente de quienes se oponen teórica o prácticamente a las libertades, al Estado de Derecho y a la democracia, y muy especialmente si se trata de Gobiernos, por relevantes que sean en el plano económico o en los equilibrios internacionales.

Cada día que pasa resulta más temible el riesgo de subversión cultural completa de la sociedad europea, en cuyo seno se va produciendo un incremento imparable de colectividades adversas al modus vivendi y a las pautas de organización y comportamiento que han decantado por siglos la civilización greco-romana, las aportaciones de otros pueblos como los germánicos, el cristianismo y lo mejor del pensamiento generado sobre todas esas bases, que, en cuanto al orden social, económico y político, se ha venido a traducir en cuanto implica el empeño por salvaguardar las libertades y derechos fundamentales con el Estado social y democrático de Derecho, y su esencial vinculación al principio de subsidiariedad. Pero seguramente se está aún a tiempo de frenar e impedir que tal catástrofe pueda llegar a tener lugar. Europa se defendió de esos mismos adversarios, cuando, durante siglos, pretendieron hacerse con ella y dominarla con las armas. Hoy esa defensa requiere otros medios, porque ya no son las armas, de ordinario, el instrumento del ataque, aunque no quepa bajar la guardia frente a los constantes intentos terroristas. Los Gobiernos de hoy no pueden mirar para otra parte y dejar la solución de esta gran amenaza a los que vengan. Pocas cosas pueden merecer más la atención ya, con acciones de gobierno inteligentes, justas y siempre enmarcadas por las rigurosas exigencias del Estado de Derecho correctamente entendidas y aplicadas.