Gestionar la crisis

Vivimos tiempos en los que la política, entendida como la gestión de los problemas del Estado, ha quedado pervertida por la acción electoralista, que es en realidad “la mala política”, porque significa apenas nada más que concentrarse en el regate corto de las declaraciones vacías y en tirar el balón hacia delante para que las soluciones a los problemas que de verdad importan sean resueltas en el futuro, cuando el tiempo de los políticos de hoy se haya agotado.

En “la mala política” que se acostumbra hoy en día, ocurre como con la conocida “Ley de Gresham” de la moneda, que “la mala” desplaza a “la buena”. Y lo consigue a través de enormes dosis de perversión, de modo que los que vivimos el final de la dictadura de Franco, la transición democrática, los primeros gobiernos constitucionales, terrorismo etarra y crisis económicas incluidos, conocemos -y no siempre valoramos adecuadamente- el largo viaje que ha discurrido desde entonces. Somos los que recordamos a los políticos que contaban con algún propósito que no fuera sólo el de resistir, a la espera de que un acontecimiento desplazara a otro, que las gentes se sumergieran en sus cuestiones cotidianas y se olvidaran del último de los desastres, o bien que un error del adversario obrara el mismo resultado.

Eran otros los tiempos y otros los políticos. Michel Ricard fue primer ministro de Francia entre 1988 y 1991, cuando era presidente Mitterrand. El político socialdemócrata escribió en 1987 un ensayo titulado “Le coeur à l’ouvrage”. En él, definiría el liderazgo político como la conjunción de tres características: la fijación de la estrategia, la elección de los equipos y la gestión de las crisis.

Según Rocard, “gérer la crise” es un factor determinante del liderazgo, ya que en esos momentos todos los equipos -aun los mejores- dejan de lado sus tareas y miran hacia donde se encuentra su jefe. Es, según señalan los expertos, una operación que se describe en las siguientes fases: la anticipación, la actuación inmediata, la comunicación y -toda vez que la crisis ha quedado resuelta- el análisis de lo ocurrido para impedir que se repita. No lo dicen los analistas, pero cae por su propio peso que las crisis deben afrontarse desde la veracidad. La ciudadanía puede vivir una relación distante, por crítica o híper-crítica con la política, pero no conviene minusvalorarla por ese comportamiento. Dicen que fue el presidente Lincoln quien afirmó: “Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, y a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Seguramente la gestión de la crisis que viene haciendo el gobierno presidido por Pedro Sánchez respecto de la “violación de nuestra integridad territorial” -ahora “crisis migratoria y humanitaria”- en Ceuta merece inscribirse en el listado de las peores actuaciones que se recuerdan. Para empezar, porque contra todas las evidencias se ha encastillado en la ficción de pretender hacernos creer que lo ocurrido a partir del 30 de julio no ha sido consecuencia de una operación promovida por nuestro país vecino. Toda vez que ha culpado a los más variados e improbables países y actores sociales, y no satisfecho con sus fantasiosas tesis, remite un tanto de culpabilidad a los servicios secretos -que están a su servicio y al de todos los ciudadanos-, vertiendo incluso comentarios injustos hacia la persona del Rey. Nada parece haber quedado en pie en España en la singular interpretación sanchista de lo ocurrido, nada salvo los derechos que asisten al presidente a descansar en tanto que la quiebra se extiende, y resulta impecable la conducta del Rey… de Marruecos. Es verdad que ahora ha señalado que, de tener “pruebas sólidas” tomará medidas, pero las certezas ya están ahí, y nada augura que se produzca ninguna determinación.

No existió anticipación por parte del gobierno a la “violación de nuestra soberanía”. La sentencia del Tribunal Supremo, publicada el 8 de julio, ya señalaba que no cabía la llamada “expulsión en caliente” de los emigrantes que llegaran a nado a nuestras costas en ausencia de contención física. El TS estaba invitando al Gobierno a que desplegara una barrera de boyas que permitiera cumplir con lo previsto por la Ley de Extranjería. Sólo la instaló el 1 de agosto, después de que más de 80.000 personas atravesaran la frontera.

Tampoco se tomaron medidas previas a pesar de los informes policiales, las advertencias de las autoridades ceutíes y -según parece- del propio CNI, que está deseoso de que se desclasifique su informe, de modo que podamos todos conocer el contenido de su opinión al respecto.

Con el presidente del Gobierno de vacaciones, nada se pareció a la segunda fase en la gestión de una crisis, la de la inmediatez en su gestión. A lo largo del mes de agosto hemos asistido a un proceloso y caótico deambular de los ministros por la ciudad autónoma en lo que se ha convertido en un verdadero hazmerreír, si no fuera por la gravedad del asunto: visitas sin contenido concreto, ayunas de soluciones y concurrentes en contradicciones. Ni siquiera el bullanguero ejército de Pancho Villa lo haría peor.

El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el presidente Vivas, pedía que se examinara “la posibilidad de establecer un mando único”. Ya habían cruzado la frontera más de 1.000 personas en una semana. El Gobierno lo acordaría sólo el 25 de agosto.

Con fechas del 4, 6 y 18 de agosto, la Comisión Europea manifestaba su disposición a apoyar a España. Sólo el día 24 de ese mes nuestro país solicitaría la ayuda comunitaria.

Y aunque lo ocurrido en Ceuta no pueda calificarse como un caso de inmigración, ni siquiera extraordinario, sino de una agresión a nuestra soberanía, es cierto que tampoco la mencionada Ley de Extranjería se ha demostrado como un buen instrumento para resolver estas situaciones, ni siquiera otras de menor dimensión. Pues bien, el Gobierno sólo aprobaría un anteproyecto para reformar esa ley, junto con una nueva ley de asilo, el 25 de agosto. Había que esperar a que el presidente disfrutara de sus bien ganadas vacaciones, por lo visto.

El capítulo de la comunicación -que es otro de los elementos a valorar en la gestión de las crisis- ha resultado un desastre sin paliativos. No sólo se ha circunscrito ésta a las discrepancias entre Interior y Defensa, tampoco el Gobierno ha sido capaz de evaluar el número de personas que invadieron

Ceuta, de los que permanecen allí, del número de menas… ni que decir tiene que aún falta por conocer el dato concreto de quienes perdieron su vida y por supuesto sus nombres; claro que tampoco el ejemplar y colaborativo Gobierno de Marruecos ha sido capaz de presentar sus condolencias a las familias, hasta el punto de negarse a recibir sus cadáveres para su exhumación. Ya se advierte que entre los que han ingresado en España de esta manera hay gentes radicalizadas y delincuentes. Tampoco se conocen sus identidades.

Y queda como corolario el análisis de lo ocurrido para que se evite su repetición. Algo que se antoja más cercano a lo improbable que a lo difícil. Cuando se actúa desde la improvisación, del alejamiento de la realidad, cuando se falta a la verdad, construyendo el argumentario falso por el que el reino de Marruecos no es responsable de lo ocurrido, nada útil cabe construir para el futuro.

España entera, sin embargo, contiene su respiración por los ceutíes y se une a ellos en su adversidad y en la incompetencia institucional que les ha dejado de lado. Es “la mala política”, pero no es inevitable que sea así. Por suerte aún nos quedan gentes mesuradas y prudentes que crean desde su reducida estatura física la grandeza moral de los mejores. Ahí está el caso de Juan Jesús Vivas. No todo está perdido en España.