La norma había despertado encendidas críticas de PP y Vox ante el intento del Gobierno de modificar el censo electoral a meses de votar.
El Tribunal Supremo ha estimado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox ha ordenado suspender los efectos electorales de la 'ley de nietos'.
El Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- como consecuencia de la denominada ley de nietos, hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha dejado claro que el Gobierno no comparte la decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo. "No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central", ha respondido la ministra a una pregunta formulada en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros justo después de conocerse la medida adoptada por el Supremo.
Iustitia Europa y Vox recurrieron ante la Sala de lo Contencioso el acuerdo emitido por la Junta Electoral Central(JEC) el pasado 16 de julio sobre la aplicación de la citada norma, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
La ley de nietos permite en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, si bien el PP denuncia que lo que se pretende con esta disposición es "fabricar" votantes y Vox lo ve como un intento del Gobierno de "adulterar" el censo electoral. En un mensaje en redes sociales, Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a escribir: "Teníamos razón".
2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
El citado acuerdo, por el que la JEC solicitó a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la ley y el voto por correo de residentes ausentes, contó con un voto particular de cuatro de los trece vocales, en el que aseguraban que este órgano sí es competente para poner fin a un incremento del censo "formidable e irreversible" que contraviene la norma.
En dicho voto particular se apoyó Iustitia Europa para solicitar cautelarmente la suspensión provisional de las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes mientras se comprobaba su legalidad y trazabilidad.
Si (
No(
A favor (
En contra (
