La Justicia no busca “derrocar” al Gobierno como denuncian Sánchez y sus afines cuando las sentencias de los tribunales les son desfavorables. La Justicia independiente sólo cumple con su deber de defender la ley que, en muchos casos, equivale a defender la democracia. Y el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y muchos magistrados independientes lo demuestran cada día. Al Alto tribunal no le ha temblado el pulso al condenar al exministro Ábalos y a su asesor Koldo a duras penas de cárcel por actos de corrupción. La jueza Tardón investiga con valentía quién organizó y por qué se produjo la invasión de Ceuta, el juez Peinado estudia si Begoña Gómez se ha parapetado tras el poder de su marido para enriquecerse, el juez Pedraz busca saber la verdad sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE, el magistrado Calama acusa a Zapatero de cobrar millonarias comisiones por sus chanchullos con dictaduras como la venezolana o la Audiencia de Badajoz ha condenado al hermano del presidente por prevaricación. Todos estos casos, y muchos más, alteran e indignan al Gobierno, por lo que recurre reiteradamente a acusar al Poder Judicial de “lawfare”, de esa imaginaria conspiración judicial para derrocar al Gobierno. Pero se trata de una burda excusa para intentar tapar sus turbias maniobras para amarrar el poder o para ocultar sus atracos al dinero de todos los españoles con la pura y dura corrupción.
El último varapalo a Pedro Sánchez y a su intento de fraude manipulando el censo con la “ingeniería electoral” se lo ha asestado el Tribunal Supremo al paralizar el derecho al voto de españoles inscritos en dicho censo tras beneficiarse de la Ley de Memoria Democrática y la llamada Ley de Nietos. La resolución impide que puedan ejercer el voto todos aquellos que hayan obtenido la nacionalidad sin acreditar que descienden de exiliados por motivos políticos, de orientación o de creencia y no, por ejemplo, por motivos económicos, como también pretendía el Gobierno. Así, aunque cautelarmente, el Alto Tribunal suspende los efectos electorales de la inscripción en el censo de esos “nuevos españoles”. Ha frenado la adulteración del resultado electoral que busca Pedro Sánchez con la incorporación, sólo de momento, de dos millones y medio de votantes, lo que podría alterar nada menos que 23 escaños en las próximas elecciones generales.
La medida no es definitiva. El Supremo adoptará próximamente la resolución final en una sentencia. Pero el Gobierno ya ha puesto el grito en el cielo por el temor a perder esos supuestos votos con los que intenta evitar el batacazo electoral anunciado. Pues, según todas las encuestas independientes, ahora el PP ganaría holgadamente las elecciones y, con el apoyo de Vox, superaría los 200 escaños en el Congreso de los Diputados. En su desesperación ante el riesgo de perder el poder, Sumar ha ido más lejos y ha vuelto a recurrir a atacar al Poder Judicial “que sólo busca que el Gobierno no gobierne”. El manoseado argumento de la izquierda del “golpe blando de la derecha” al que acaba de aludir el condenado y encarcelado por terrorismo Arnaldo Otegui.
A la espera de la sentencia final, el Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a la maniobra de Pedro Sánchez de cometer un fraude electoral enmascarado, por muy legal que pudiera terminar siendo. Pues la resolución ha destapado ese fraude perpetrado por el presidente del Gobierno para atrapar los votos de unos “nuevos españoles” que ni viven ni tributan en nuestro país, que no sufren la crisis política, institucional y económica que ha provocado el Gobierno y que ni saben que, en caso de seguir en el poder, “hasta más allá de 2027”, la Constitución terminaría de ser desguazada y la democracia podría ser descuartizada por otro monstruo Frankenstein. Sólo, en fin, la Justicia puede salvar España de la dictadura totalitaria que buscan instaurar Pedro Sánchez y sus socios.
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