Marruecos ha convertido la ventanilla consular en un acto de no reconocimiento. Con quien no reconoce la ventanilla no se negocia en la ventanilla: hay que subir un piso.
Hace seis semanas escribí en estas páginas que Ceuta se resolvería por la vía de Perejil o por la de 1975, y que la diferencia la marcarían dos cosas: cohesión dentro y anclaje fuera. De la primera se ocuparon los ceutíes el 2 de septiembre, cuando doscientas sesenta plazas de toda España le dijeron a Rabat, y de paso a Madrid, que Ceuta no se negocia. De la segunda no se ha ocupado nadie. Y el reloj corre: en Ceuta quedan diez mil personas sin techo, tres centenares de ellas niñas, mientras Marruecos celebra elecciones el 23 de septiembre y en las mismas redes que organizaron el 30 de julio circulan ya convocatorias para repetirlo ese día.
Conviene entender primero por qué no hay salida bilateral. Marruecos coopera de forma ejemplar en la documentación de sus nacionales que se regularizan en la Península: pasaportes, antecedentes, partidas de nacimiento, todo exprés. Y bloquea de forma absoluta cualquier trámite que pase por Ceuta o Melilla: la identificación de los adultos, el salvoconducto sin el cual la ley española no permite expulsar, la reagrupación de menores y hasta la repatriación de los cadáveres del Tarajal, que la ciudad ha tenido que enterrar en fosas numeradas. No es incapacidad. Es doctrina. Firmar un papel con la Delegación del Gobierno en Ceuta sería reconocer que allí gobierna España, y cada expediente bloqueado es un acto de no reconocimiento. Por eso la estrategia del Gobierno de exculpar a Rabat a cambio de una cooperación que nunca ha existido es un callejón sin salida: con quien no reconoce la ventanilla no se negocia en la ventanilla.
El anclaje, pues, hay que buscarlo un piso más arriba. Y Europa, aunque no lo parezca, tiene tres palancas ya construidas, con precedente de uso, que golpean donde a Rabat le duele. Ninguna se ha movido.
La primera es el artículo 25 bis del Código de Visados. Desde 2019 la Comisión evalúa cada año si los terceros países cooperan en la readmisión de sus nacionales, y mide precisamente lo que Marruecos niega en Ceuta: plazos, aceptación de solicitudes, emisión de salvoconductos. Si un país no coopera, el Consejo, por mayoría cualificada y sin veto posible, endurece los visados a todos sus ciudadanos: adiós a las entradas múltiples, a los quince días de tramitación, a las exenciones para funcionarios; y en un segundo escalón, tasa doble. Se ha aplicado a Gambia en 2021, a Etiopía en 2024 y se ha propuesto para Guinea en 2025. Nunca a Marruecos, que figura entre los cinco mayores solicitantes de visados Schengen del mundo, con unas 600.000 solicitudes al año. Que la palanca es potente lo demostró Francia en 2021, cuando redujo a la mitad los visados a marroquíes por falta de cooperación en las expulsiones: en un año Rabat se sentó a negociar. El obstáculo es técnico y lo tiene España en la mano: el mecanismo mide la readmisión en general, y Rabat readmite con la Península. Hay que documentar, expediente a expediente, que la selectividad (en el caso de Ceuta y Melilla) es incumplimiento.
La segunda es el Reglamento 2024/1359 sobre situaciones de crisis e instrumentalización, en vigor desde junio. Se escribió para Bielorrusia, cuando Lukashenko fletó vuelos desde Oriente Medio y empujó a miles de personas contra las vallas de Polonia y Lituania. La Unión le puso entonces nombre jurídico a la táctica: instrumentalización, la acción de un tercer Estado que fomenta o facilita el movimiento de personas hacia las fronteras exteriores para desestabilizar a un Estado miembro. Ceuta 2026 es su segundo caso de manual. Su valor no está en las derogaciones del régimen de asilo, que a ocho mil marroquíes adultos apenas afectan, sino en dos efectos: una decisión del Consejo sería la atribución oficial de la Unión a Marruecos, y activaría la solidaridad obligatoria de los socios en dinero, personal y presión colectiva sobre Rabat. El obstáculo aquí no es técnico: la solicitud la firma el Gobierno español, y el presidente declaró el 31 de agosto que Marruecos no tuvo papel alguno. Mientras esa frase siga en pie, el reglamento que se aprobó exactamente para esto es letra muerta.
La tercera es comercial y se apoya, precisamente, en el Sáhara. El 4 de octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión anuló la extensión al Sáhara Occidental de las preferencias agrícolas y del acuerdo de pesca con Marruecos, porque el pueblo saharaui nunca dio su consentimiento, y obligó a etiquetar como saharauis los tomates y melones que salen de El Aaiún y Dajla. Todo lo que Marruecos exporta a Europa desde el Sáhara descansa hoy sobre una arquitectura jurídica que ya no existe y hay que rehacer; el acuerdo de pesca lleva sin protocolo desde julio de 2023, con la flota andaluza y canaria amarrada tres años. Cada acto nuevo pasa por el Consejo y por el Parlamento Europeo. España tiene voto, eurodiputados e intereses propios que le permiten ser dura sin fingir: los agricultores de Almería y Canarias llevan una década denunciando la competencia del tomate marroquí. Nada impide condicionar ese voto a la cooperación consular en Ceuta. El obstáculo es que el Gobierno votó a favor del canje de notas de octubre de 2025 con el que Bruselas intentó salvar las preferencias.
Las tres palancas tienen el mismo denominador. Todas exigen nombrar el problema en Bruselas: documentar el bloqueo, declarar la instrumentalización, condicionar el voto. Y todas chocan con Francia, valedora de Rabat desde que reconoció la marroquinidad del Sáhara en 2024, seguida por Alemania y Países Bajos. Es la misma asimetría que describí en agosto: los socios se blindan hacia dentro, contra España, antes que hacia fuera, contra la presión. Pero Francia no puede vetar el 25 bis, no puede impedir que España presente la solicitud del reglamento y no puede votar por España en el Parlamento Europeo. Lo que bloquea las tres palancas no es París. Es el giro de marzo de 2022, cuando España pagó con su posición sobre el Sáhara una tranquilidad fronteriza que duró exactamente hasta el 30 de julio. Granada pagó parias a Castilla durante dos siglos y medio, y el último emir que las pagó fue el que entregó las llaves de la ciudad.
No pido un milagro diplomático. Pido cuatro gestos que cabrían en una semana y que cualquier lector debería poder exigir a su diputado: que Interior publique el catálogo de expedientes que Rabat mantiene bloqueados; que España pida por escrito a la Comisión la evaluación del artículo 25 bis; que el Gobierno presente la solicitud del reglamento de instrumentalización, aunque sólo sea para obligar a Bruselas a decir que no; y que anuncie que su voto sobre el nuevo marco agrícola y pesquero dependerá de la cooperación consular en Ceuta. Ninguno de los cuatro rompe con Marruecos. Los cuatro cambian el precio de no cooperar.
El grifo lo abre Rabat. Las llaves para cerrarlo están en Bruselas. La mano tiene que ser española.
Si (
No(
