Pedraz cita como "perjudicada" en las cloacas a la juez que investigó al hermano de Sánchez

La Audiencia Nacional ha aceptado la personación de la juez Beatriz Biedma, que investigó y propuso juzgar al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como acusación particular en la causa de las cloacas.

El juez Santiago Pedraz admite la personación de Biedma como perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa”. A su vez, cita a la magistrada a declarar el próximo 8 de octubre.

Biedma remitió un escrito a la Audiencia Nacional donde solicitaba su personación en la causa que investiga una organización que presuntamente buscaba desestabilizar las causas judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE, y que mantiene como investigados a Leire Díez, a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, entre otros.

Considera la magistrada que su condición de perjudicada viene acreditada por los "indicios" sobre actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, "desacreditarla" y promover denuncias contra ella, algo que estaría directamente conectado con su condición de instructora de la causa en la que David Sánchez acabó condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público.

Explica que "los indicios publicados" apuntan a que la presunta trama habría intentado "neutralizar, perturbar o incluso destruir" dicho procedimiento judicial con actuaciones como la de promover su recusación en el procedimiento que investigaba desde el juzgado de instrucción 3 de Badajoz.

La magistrada pone énfasis en una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que considera "especialmente relevante" por estar datada días después de que se rechazara la recusación contra ella.

Denuncia la "obtención y recopilación de información" sobre ella y su entorno personal, familiar y profesional, así como la "intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones difundidas en medios digitales".

Unos hechos que -subraya- le han ocasionado un "perjuicio personal y profesional", y también "institucional de extraordinaria gravedad", al considerar que está comprometida la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales.

En su escrito, la magistrada apunta que los hechos investigados podrías constituir un delito de obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, de amenazas y/o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal o grupo criminal.