Montesquieu, agonizante

Debieron estar en huelga los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de León hace veintiocho años cuando tocaba explicar, entre otros a nuestro actual Presidente, la lección sobre la separación de poderes. Probablemente el mismo profesor dejó para el final del curso académico el capítulo sobre la independencia del Poder Judicial y, acuciado por otras urgencias, no tuvo tiempo material ni para dar unas pinceladas sobre el tema, por lo que decidió excluirlo del examen.

Es cierto que a todos los Presidentes les molesta profundamente que no se hagan las cosas tal cual ellos dictan. En su atalaya de la borrachera de poder, se encuentran tan sobrados que les resulta incomprensible que no se les siga al dictado, pero menos aún que no se les comprenda y que no se les quiera. Pero respondiendo a este modelo de gobernante, Rodríguez Zapatero acentúa los rasgos más autoritarios pues cuando las cosas no salen como él ha ordenado lanza a sus huestes a cambiarlas con urgencia y si es posible por decreto. Da igual que se fuercen principios o valores y aún más indiferente que se violenten procedimientos. El árbitro siempre, en fin, está de su parte.

La última rueda de prensa del curso político que ha ofrecido el Presidente del Gobierno ha sido un ataque frontal a la autonomía del Consejo General del Poder Judicial y a la independencia del Poder Judicial; una afrenta gratuita que sale de la boca de la soberbia de todo un Jefe del Gobierno en el que se han de suponer equilibrio, ponderación, mesura y respeto.

Él mismo se autoproclamó Cid Campeador y Guillermo Tell al unísono al prometer al padre de Mari Luz que restauraría la verdad y haría justicia. En el ámbito que estaba en su mano, el expediente disciplinario a la Secretaria del Juzgado de lo Penal, impuso una sanción ejemplarizante elevando nada menos que de seis meses a dos años de suspensión la propuesta de la instructora. El primer paso estaba dado, pero había que cerrar el círculo y, con la percha del recurso del Fiscal, garantizar que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial transformara la sanción pecuniaria impuesta al Juez Tirado en otra de suspensión de empleo y sueldo. Pero el Consejo resistió el embate y no se dejó arrastrar por la presión.

Por supuesto entiende el Gobierno que ello tiene por causa el innato corporativismo judicial. La ceguera gubernamental es tal que no es capaz de responsabilizarse de sus propias culpas (por supuesto, la Junta de Andalucía mira para otro lado). La diana estaba puesta en el Juez y en la Secretaria y había que inmolarlos en la pira pública. Así se lavaban las manos los dueños del presupuesto. Pero el busto parlante no ceja, y empujado por su discurso populista, asegura de forma contundente que discrepa “abierta y seriamente” de la sanción impuesta la Juez Tirado por considerarla claramente insuficiente y anuncia que “actuará en todos los frentes contra ella”. Y que, como es dueño de la legislación, “trabaja ya” en la reforma del régimen disciplinario de los jueces. Un trabajo más en su largo historial de ingeniería jurídica.

En fin, la afirmación sobre el Consejo no tiene desperdicio. Pisoteando la Constitución, convertida en mera piltrafa, asume “absolutamente” la parte “muy determinada” de responsabilidad en la elección del actual CGPJ. Es decir que el órgano de Gobierno del Poder Judicial –cuyas funciones radican en la garantía de la independencia del tercer poder frente a cualquier injerencia o intromisión externa- emana (en una parte muy determinada) de su voluntad. Por obvia que de hecho sea hoy esta afirmación, no deja de ser un reconocimiento explícito de aquello que el Tribunal Constitucional dijo en su Sentencia de 1986 que había que evitar. Pero que resultó inevitable dado el sistema de elección de sus miembros.

Sólo nos queda esperar, como al molinero de Postdam, que aún haya Jueces en Berlín.