El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado de nuevo desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, al desestimar las medidas cautelares pedidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que pretendía que la Justicia forzara a la Delegación del Gobierno a disolver esta protesta.
En un auto adoptado este miércoles, el TSJ rechaza las medidas cautelares, como también hizo con las medidas cautelarísimas pedidas por la Comunidad de Madrid, sin entrar en el fondo del recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno madrileño.
La Comunidad de Madrid está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de reposición, según han trasladado a EFE fuentes del Ejecutivo madrileño. Tiene para hacerlo un plazo de 5 días y debería constituir previamente un depósito para interponerlo.
Los magistrados de la sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras recibir las alegaciones presentadas por la Delegación de Gobierno, que se opone a disolver la acampada con el argumento de que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.
Los magistrados rechazan la medida cautelar porque consideran que en este momento procesal no se ha acreditado la inactividad administrativa de la Delegación de Gobierno y apuntan a que en este tipo de casos se debe esperar un plazo de tres meses para interponer recurso por inactividad.
Además, estos magistrados apuntan que debe existir una obligación de prestación concreta, "no siendo subsumible 'prima facie' para casos de dejación o indolencia en el cumplimiento de sus funciones".
De esta forma, en este momento inicial, en el que están decidiendo sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional, el TSJ no ve que concurran los requisitos para apreciar inactividad de la administración central, sin perjuicio de lo que resuelvan más adelante, cuando aborden la admisibilidad del recurso y el fondo del mismo.
La resolución adoptada por el TSJ aleja el desalojo forzoso de la acampada de la Puerta del Sol, que comenzó el pasado 26 de septiembre, tras la manifestación por el derecho a la vivienda que siguió al desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años.
La Comunidad de Madrid acudió a la Justicia una vez que la Delegación de Gobierno rechazó su requerimiento para desalojar la acampada en un plazo de 48 horas.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la acampada es una "ilegal ocupación del espacio público", que genera perjuicios al turismo, el comercio, sostuvo que no había condiciones de higiene y acusó a la Delegación del Gobierno de no haber actuado para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.
La Delegación del Gobierno, además de aludir a motivos de seguridad, apunta que si bien la acampada no estuvo precedida por "una previa comunicación formal específicamente dirigida al efecto" ello "no obsta a que se trate de un acto que pueda resultar subsumible en el ámbito del derecho fundamental de reunión y manifestación".
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