Tras el batacazo parlamentario del viernes con los decretos de vivienda, que ha precipitado la convocatoria de elecciones, el Gobierno diseña una estrategia para sacar adelante ambos textos pese a la disolución de las Cortes.
Una vez se publique en el BOE la convocatoria de las generales, la Diputación Permanente del Congreso será la que vote las medidas del Ejecutivo.
Teniendo en cuenta esa circunstancia, el Ejecutivo ya ha avanzado este lunes que mañana martes, en Consejo de Ministros, volverá a aprobar los decretos de vivienda.
Si se aprueban esos decretos, tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente.
Este órgano cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando la cámara haya sido disuelta o haya expirado su mandato, como ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno.
A diferencia de lo sucedido en el pleno del Congreso, el Gobierno tendría en la Diputación Permanente mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería necesario.
Son 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los que forman parte de la Diputación Permanente con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).
Con ese reparto, si se mantuviera el sentido de voto de los grupos, podría salir adelante el decreto que contenía el grueso de las medidas en materia de vivienda.
Los votos de las formaciones que lo apoyaron entonces (todas excepto PP, Vox y Junts) suman 35, por 34 de los que expresaron su rechazo.
Si se repitiera el texto del segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, éste no saldría adelante porque el PNV votó en contra del mismo.
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