El Partido Popular, como acusación popular, ha solicitado al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional la citación como investigado del PSOE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de "judicializar la política" por pedir la imputación de su partido.
En el escrito, la formación denuncia el “amplio catálogo de actuaciones delictivas” puestas en marcha por la dirección del PSOE después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de “proteger los intereses del Gobierno y del PSOE” frente a investigaciones judiciales en marcha. Todo ello bajo una “organización criminal” liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.
De esta forma, el PP recuerda que la formación que lidera Pedro Sánchez “puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba” Santos Cerdán, quien también contaba con la “colaboración” de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE.
"Los delitos investigados se cometieron por personas que ostentaban -u ostentan- responsabilidades en el PSOE e, incluso, tenían la representación legal y facultades de organización y control de la persona jurídica del partido, como es el caso de Santos Cerdán y la gerente del partido, sostiene el partido en un comunicado, en el que añade que además, fue el propio PSOE el que "financió los gastos operativos y logísticos de la organización criminal, por instrucción expresa de Santos Cerdán, quien ostentaba un poder 'cuasi absoluto, sin contrapesos'", según han reconocido incluso la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o la gerente del partido en sede judicial.
En este sentido, el PP denuncia que no es solo que el PSOE promoviera esta organización, sino que se involucró directamente en la trama, poniendo de ejemplo los pagos efectuados a Leire Díez y a otras personas relacionadas, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver.
En el escrito el Partido Popular también recuerda que la organización criminal liderada por Santos Cerdán intentó también “torcer la voluntad” de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba. Todo ello, presuntamente, valiéndose de la relación “personal y reiterada” que mantenía Leire Díez con Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de “perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO”.
A su vez, el magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido un informe a la Fiscalía sobre el escrito registrado por el Partido Popular respecto a la solicitud de imputación del PSOE.
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