¿Para qué una huelga general?

Hay que añadir el accidente ferroviario de Urda a la invasión de Ceuta. Cada uno es por sí solo un apremiante estímulo para celebrar una huelga como la prevista para el 11 de noviembre por los dos grandes sindicatos. Habiendo olvidado las centrales huelguistas en su apelación el sufrimiento de los ceutíes, encontrarían ahora un aliciente irrenunciable para reparar ese olvido invocando la catástrofe ferroviaria como fundamento de la huelga. Al centrar en el mercado de la vivienda, relegando Ceuta al olvido, su convocatoria inicial quedó irremediablemente devaluada desde que se mostró que la portavoz del PSOE encarnaba un ejemplo espectacular de lo que los huelguistas pretenden corregir. La invocación resultaba incoherente, no solo por haberse excluido la invasión de Ceuta, sino porque, en su lugar, resulta que la autoridad que respaldó a los convocantes era la principal beneficiaria de los abusos contra los que decidían protestar a dos días del comienzo de la campaña electoral.

La huelga recuperaría su inobjetable razón de ser si los promotores tomasen ahora distancia de los patrones que delatan los abusos que ellos mismos cometen. Tras la forzada dimisión de la portavoz del PSOE, pregonera de los huelguistas, lo que queda como anticipo de la campaña electoral es una huelga híbrida, desdibujada, vaciada de contenido, que señala como causante al que sufre las consecuencias de los excesos que se cometen y esconde que el provocador es el mismo que apela a los huelguistas para que oculten la incapacidad del gobierno para dar respuesta eficaz al problema de la vivienda tras casi un decenio de gobernanza.

Las consecuencias del abandono de la red ferroviaria, lamentablemente evidenciadas por la sucesión de los accidentes de Urda y Adamuz, localidades que, junto a Ceuta, han quedado impresas en la memoria de los españoles. Ahora son motivo clamoroso para que los sindicatos inciten a una población asustada por los descarrilamientos a una protesta colectiva. Si no lo hacen, se arriesgarán a que los propios manifestantes aprovechen la concentración para airear que las dos principales tragedias que pueden justificar una protesta colectiva generalizada son la invasión ceutí y el desmoronamiento de la red ferroviaria cuyo mantenimiento ha sido desatendido tras ocho años de sanchismo.

La convocatoria sindical eludió el único motivo que pudo justificar la huelga: no alegó la invasión de Ceuta por la armada y el vecindario marroquíes ni las vandálicas concentraciones sufridas en Bilbao, Barcelona, Navarra e ignoró la fétida acampada en la Puerta del Sol. Pero la cuestión ahora es si serán capaces también de olvidar en las pancartas los rostros, junto al de la manipulada Maricarmen, de los fallecidos en Ademuz y Urda. Estos son los nombres que cuentan para manifestarse en representación de todos los españoles en la antesala de una convocatoria electoral.

El inocultable abandono de la red constituye un motivo indiscutible que justificaría una generalizada concelebración histórica de protesta colectiva. Tras la exclusión de Ceuta la mayoría de los ciudadanos tiene motivos para desconfiar de la convocatoria. Ganaría credibilidad si representara el ambiente de frustración, desconfianza y recelo por el desmantelamiento de la red, la politización de las administraciones independientes, como ADIF y la mezquina culpabilización de un profesional al que se ha señalado como responsable por filtraciones calculadas. Los sindicatos tienen la oportunidad de enderezar la legitimación de la protesta y evitar el fracaso al que está abocada por la falta de respaldo popular.

Hagamos un esfuerzo imaginativo. Supongamos que esta tragedia toledana, en lugar de haberse producido en octubre de 2026, acaeciera en marzo o abril de 2027, con un gobierno presidido por Feijóo, heredero forzoso de las corrompidas infraestructuras ferroviarias abandonadas por la gestión de Oscar Puente, Raquel Sánchez y , Abalos, bajo mandato de Pedro Sánchez: ¿cómo hubieran respondido los sindicatos alentados por Pedro Sánchez como jefe de la oposición? ¿Alguien puede dudar de que los alegatos del nuevo gobierno, recordando que habían heredado una situación sin haberla causado, hubieran sido inútiles para apaciguar la algarada callejera? En la Puerta del Sol hubieran florecido acampadas hasta Cibeles, UGT y CCOO hubieran enardecido una huelga sine die, la soflama incendiaria no se hubiera detenido a recapacitar que las gangrenadas infraestructuras estaban carcomidas por la gestión precedente, como le ocurrió a Rajoy cuando hubo de tomar las riendas de un Estado en quiebra.

Queda en el aire, sobre la convocatoria del día 11, la pregunta de ¿a dónde tratan de llevarnos unos sindicatos que desatienden la indignación, el dolor, las expectativas populares de restaurar el deterioro de la gestión pública cuando desprecian representar los sentimientos de las víctimas de tres infortunios colectivos de la magnitud de Adamuz, Ceuta y Urda? ¿Están predispuestos a tapar la desvergüenza del gobierno y permitir que ADIF asuma un caso Dreyfus que concentre todas las responsabilidades de una deficiente gestión de la seguridad ferroviaria en un operario situado en una sala de control?

Los sindicatos todavía pueden restablecer su función sin plegarse a la tarea de diluir las miserias del gobierno en ejercicios de propaganda. Pueden volcarse en defender la profesionalidad de los trabajadores, en lugar de rendirse dócilmente a compartir la acusación contra un inerme empleado como único responsable del fallo de un sistema de seguridad obsoleto. ¿Están dispuestos a eludir que la red no ha sido revisada por falta de presupuestos durante cuatro años? ¿Renuncian al compromiso contraído con la Unión Europea de aplicar los fondos europeos para el mantenimiento de la red? ¿Ignoran que se han invertido más de 800 millones de euros en infraestructuras marroquíes en lugar de sanear las españolas? La oportunidad de mantener su dilapidado crédito ante los que dicen representar exige reclamar responsabilidades a quienes llevan las riendas políticas. Hay un gobierno que las maneja y un jefe del gabinete que se empeña en que miremos un beso en lugar de fijar la atención en tres desastres sin precedentes que claman reparación por un daño “inasumible” sufrido gratuitamente por los compatriotas españoles sin distinción de clase ni de ideología. Si no quieren hacer de perros serviles, ni tampoco se atreven a pregonar las verdades, al menos, que desconvoquen una huelga contrasentido.