www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

AUDIENCIA NACIONAL

La declaración del exdelegado del Gobierno en Ceuta, aplazada para después de las elecciones

Miguel Ángel Pérez.
Ampliar
Miguel Ángel Pérez. (Foto: EFE)
EL IMPARCIAL
martes 17 de noviembre de 2026, 16:28h
Actualizado el: 17/11/2026 17:10h

La jueza María Tardón ha aplazado al 1 de diciembre la declaración como imputado del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, prevista para este miércoles, en la causa en la que se investiga la invasión marroquí de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Pérez Triano, que dimitió de su cargo el 28 de septiembre, es el primer imputado en esta causa, y si bien en un principio esperaba que la Abogacía del Estado se hiciese cargo de su defensa, finalmente se le ha rechazado esa posibilidad y será un abogado particular quien le defienda.

Por ello, antes de prestar declaración, ha solicitado a Tardón el aplazamiento de sus comparecencia para que su abogado pueda estudiarse la causa, una petición que la magistrada ha aceptado en una providencia en la que no da más detalles, si bien fuentes jurídicas explican a EFE que la decisión tiene que ver este motivo.

Hasta ahora en la Audiencia Nacional han desfilado numerosos testigos, entre ellos el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, o Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente a Pérez Triano los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la invasión, el 29 de julio.

La magistrada acordó su imputación en un auto en el que acepta la inhibición de las diligencias que se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

En esas diligencias, la Fiscalía de Ceuta ya propuso investigar, entre otros aspectos, la "conducta, intervención o eventual responsabilidad" del entonces delegado del Gobierno ante posibles "omisiones relevantes" en materia de "prevención, auxilio o protección".

En un escrito del pasado 8 de septiembre, la fiscal de Ceuta Silvia Rojas consideraba que la actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta "pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

Días antes, el 2 de septiembre, la asociación Hazte Oír presentaba una querella contra el todavía delegado del Gobierno por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La dimisión del que fuera su jefe de gabinete por sus discrepancias con respecto a si hubo aviso o no del CNI dejó a Pérez Triano en una situación comprometida que le llevó finalmente a renunciar de su cargo por sentirse víctima, según dijo, de una "campaña injusta".

El día que anunció su dimisión explicó que días previos a la invasión se pidieron medidas y refuerzos por la grave crisis migratoria que ya estaba sufriendo la ciudad, y añadió que se hicieron informes y comunicaciones diarias.

No obstante, quiso dejar claro que sus competencias "son las que son" y que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera u ordenar intervenir al Ejército".

De la misma manera, la jueza ha dado un plazo de tres días a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para identificar a su confidente y "posible interlocutor constante y fiable". conocido como Ahmed. 

Este requerimiento fue realizado por la magistrada el pasado 19, sin haber obtenido respuesta de la Comandancia, y abre un nuevo plazo tras haber "transcurrido un tiempo excesivo desde que se requirió a la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para que identificasen a la persona conocida como Ahmed, residente en Benzú". 

Cita al exjefe del gabinete y al cónsul de España en Tetuán

La juez Tardón también ha acordado citar como testigos al cónsul de España en Tetuán y al exjefe del Gabinete del Delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo San Ruiz. 

En la primera de las citaciones, la juez señal que de las declaraciones prestadas por diversos mandos policiales se desprende la existencia de un episodio singular y potencialmente relevante ocurrido en fechas inmediatamente anteriores a la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

En particular, indica, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía declaró que el día 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del Cónsul de España en Tetuán, precisando que se trató de una circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo. Asimismo, manifestó que el carril fue efectivamente habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que el citado diplomático utilizó dicho acceso.

El mismo testigo añadió, según el auto, que los comentarios que circularon entre funcionarios policiales durante aquellos días se encontraba la afirmación de que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, si bien precisó que no disponía de conocimiento directo sobre dicho extremo.

Para Tardón “es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del Cónsul General de España” en Tetuán a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento, y la coincidencia temporal de tal desplazamiento con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo.

Por ello, considera que resulta “imprescindible” conocer de forma directa si el o la Cónsul General de España en Tetuán se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio; cuáles fueron los motivos de dicho desplazamiento; con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia; si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos posteriormente acontecidos y que se investigan en este procedimiento; qué información obraba en poder del Consulado acerca de la situación existente en el norte de Marruecos durante los días inmediatamente anteriores y si dicha información fue comunicada a la Delegación del Gobierno, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a cualquier otra autoridad española.

Al mismo tiempo, la instructora entiende que procede acordar la declaración nuevamente, en calidad de testigo, de Gonzalo Sanz Ruiz, quien fuera el jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta. “La razón de esta solicitud radica en que de la información aportada por los funcionarios policiales (en concreto, el arriba indicado) se desprende que el desplazamiento del Cónsul General de España” en Tetuán habría tenido como destinatarios institucionales a responsables de la Delegación del Gobierno, extremo que, de confirmarse, resulta directamente relacionado con el objeto de la investigación.

En este sentido, precisa Tardón, en la primera declaración prestada por el exjefe de Gabinete, según consta en las actuaciones, no se efectuó referencia alguna a la existencia de dicho desplazamiento, a la eventual reunión mantenida con el representante diplomático español ni a la información que, en su caso, pudiera haberse intercambiado con ocasión de esta. De ahí que sea necesario volver a tomarle declaración, estima la juez.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios