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CONGRESO

La Diputación Permanente avala siete decretos de ayudas del Gobierno entre críticas de electoralismo

La Diputación Permanente avala siete decretos de ayudas del Gobierno entre críticas de electoralismo
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(Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
miércoles 18 de noviembre de 2026, 20:03h
Actualizado el: 18/11/2026 20:12h

La Diputación Permanente del Congreso, donde el Gobierno cuenta con una posición favorable, ha sacado adelante este miércoles siete decretos sociales que incluyen medidas y ayudas económicas, en plena campaña y ante las críticas de los grupos parlamentarios por electoralismo. 

Entre las medidas aprobadas se encuentra el decreto ley para el refuerzo de la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales, así como el paquete de ayudas para los afectados por el accidente de Urda (Toledo). 

El Gobierno, que aprobó el decreto de seguridad ferroviaria el pasado 10 de noviembre como respuesta a las reclamaciones sindicales tras el accidente de Urda, ha logrado su convalidación tras un debate en el que el PP ha vinculado los 116 fallecidos este año en los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo) con la "corrupción" en el Ministerio de Transportes.

Por su parte, los grupos de la izquierda han vuelto a llamar al Ejecutivo a repensar el modelo ferroviario español y a "recuperar" el control público del sistema, mientras que el PNV ha acusado al Gobierno de haber "necesitado varios accidentes para hacer algo que debería haberse hecho en 2020".

Ocurrido el pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el accidente de Urda fue una colisión por alcance de un AVE de Renfe a un tren Iryo, que estaba detenido en la misma vía, y en él fallecieron 69 personas.

Durante el debate, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que asumió las funciones de Óscar Puente como ministro de Transportes tras la dimisión de éste seis días después del accidente, ha destacado que con la nueva regulación la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) tendrá mayor capacidad de supervisión del sistema del ferrocarril, que hasta ahora dependía de la buena voluntad de las empresas investigadas.

También ha resaltado que incluye una regulación más estricta de los tiempos de trabajo de los maquinistas, ya que el decreto fija con precisión el tiempo máximo de conducción, seis horas, en las que se incluye todo el tiempo en el que el trabajador es responsable del vehículo aunque no esté conduciendo (maniobras en movimiento, trabajos fuera de la red de interés general y pausas de menos de 45 minutos entre dos conducciones).

El decreto, que modifica la Ley del Sector Ferroviario, permite que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

También reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas "necesarias" y "proporcionadas" ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el fin de evitarlas o limitarlas, entre ellas la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

Asimismo refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y extiende los coeficientes reductores de edad de jubilación al personal de empresas ferroviarias que opera en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, para igualar el tratamiento de quienes ejercen las mismas funciones.

La nueva regulación incluye además un artículo, que entrará en vigor el 11 de mayo de 2027, para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas.

En cuanto al decreto ley que regula las ayudas directas para los damnificadoos por el accidente de Urda, estas ascienden a 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404,04 euros y 84.141,7 euros por lesiones y permite anticipos por las mismas cuantías por las eventuales indemnizaciones que pudieran recibir, sin que sea necesario devolver la diferencia si la indemnización es menor.

Además, el decreto establece que las bajas laborales derivadas del accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo -lo que garantiza recibir la prestación desde el primer día y mejores cuantías-, un beneficio que también se aplica a pensiones de incapacidad, muerte y supervivencia y de incapacidad permanente parcial.

En la defensa de la norma, Cuerpo ha destacado que estas ayudas, de carácter "complementario", pretenden simplificar y agilizar los procesos para que los recursos "lleguen de manera inmediata" a los afectados sin tener que esperar a que se resuelvan los procedimientos judiciales abiertos.

El decreto incluye también un mecanismo para limitar la subida de los precios de ciertos bienes y servicios -como transporte alternativo o alojamiento- cuando se producen situaciones de emergencia, un mecanismo que, ha detallado el ministro, no ha sido necesario activar tras la tragedia de Urda.

Familias monoparentales

La Diputación también ha aprobado el decreto que crea el título de familias monoparentales, extiende los beneficios de las numerosas a las compuestas por un progenitor con dos hijos y amplia el título de familia numerosa especial a partir del cuarto hijo. El decreto ha salido adelante con 62 votos a favor, seis en contra de Vox y una abstención de Junts, y estará dotado con una partida de 824 millones al año.  

⁠La norma crea un título para las familias monoparentales o monomarentales, reconociendo así su especial vulnerabilidad y garantizando una protección específica, y se conceden los beneficios de las familias numerosas a las monomarentales con dos hijos.

Más de la mitad de las familias con un solo adulto al frente están en riesgo de pobreza o exclusión social y en el 80% de este tipo de hogares la progenitora es una mujer, ha recordado Bustinduy.

Ademas, se amplía la protección a otras familias, como las que tienen bajos ingresos y miembros con discapacidad. Así, las familias con dos hijos en las que el padre o la madre tenga una discapacidad igual o superior al 33 % también podrán acceder a los beneficios de las familias numerosas.

En el caso de las familias monomarentales en las que la persona progenitora tiene una discapacidad y dos hijos tendrán consideración de familia numerosa especial.

El decreto amplía el acceso a la categoría especial del título de familia numerosa para familias con cuatro o más hijos, hasta ahora con cinco o más. Igualmente, las familias con tres hijos y bajos recursos podrán acceder a la categoría especial del título de familia numerosa.

Además, extiende la protección frente al impago de alimentos a colectivos especialmente vulnerables con necesidades permanentes de apoyo económico.

Ayudas por la dana Adam

A su vez, ha salido adelante el paquete de ayudas para los territorios afectados por la dana Adam y que será destinado a sufragar los daños causados por las inundaciones de los pasados 17 y 19 de octubre, donde fallecieron cuatro personas. Entre las acciones aprobadas, se incluyen medidas agrícolas, tributarias o ayudas al comerio y al turismo. 

Ante esta medida, PP y Vox han acusado al Gobierno de utilizar las cortes con fines electoralistas. 

"Vienen aquí ministro tras ministro con las cortes disueltas a exhibir partidas millonarias y a presentar las bondades de su gobierno ante la diputación permanente a diez días de las elecciones. Exigen neutralidad institucional a los demás y se reservan para ustedes el uso electoral de una diputación permanente", ha criticado el diputado de Vox Ricardo Chamorro.

También la diputada popular Belén Hoyo ha acusado al Gobierno de "aprobar decretos electorales" y ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cual -ha asegurado- "se dedica a organizar actos para presentar proyectos en pleno proceso electoral".

Entre las otras medidas aprobadas por la Diputación se encuentran el decreto para mejorar la acción protectora de la Seguridad Social y el aumento de prestaciones ya existentes. 

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