La inmunidad de Berlusconi y la separación e independencia de poderes

Las relaciones entre el primer ministro Silvio Berlusconi y la magistratura nacional nunca han sido idílicas. Varios roces, acusaciones de manipulación y obsesión izquierdista han generado una relación polémica y, frecuentemente, basada en la reciproca desconfianza. En los próximos días, este desencuentro podría vivir un nuevo capítulo: el partido opositor, Italia de los Valores, ha anunciado que el 7 de enero depositará ante el Tribunal Supremo un millón de firmas para convocar un referéndum que pida la retirada de la ley de inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos el del jefe del Gobierno, Silvio Berlusconi.

Según el ex fiscal Antonio Di Pietro, la ley deberá ser abolida ya que “viola el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, amparando el primer ministro en un paraguas extralegal de difícil justificación. La ley en cuestión, que lleva el nombre de su relator, el ministro de Justicia Angelino Alfano, fue aprobaba el pasado 22 de julio en el medio de varias polémicas y muchas perplejidades. La existencia de una norma que prevé la inmunidad para Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, resulta discutible, sobre todo si se tiene en cuenta que supone suspensión de los procesos penales incluidos aquellos anteriores a acceder al cargo. La ley parece buscar la impunidad más que la inmunidad, tanto que resulta difícil entender la retroactividad de la misma. Además si podría ser justificable la inmunidad del Jefe de Estado, ya que su cargo, más simbólico que practico, debe quedarse al margen del debate político, no se puede eximir los otros cargos que por definición tienen que ser responsable de su actividad.

Los ataques de Berlusconi contra la magistratura parecen violar el principio de independencia de los poderes y la voluntad de Il Cavaliere de erigirse a “primus inter pares”: sin embargo, entre las prerrogativas del ejecutivo no debería estar la de ejercer presiones sobre la magistratura, sino la de garantizar su separación e independencia, respetando su funcionamiento. Por eso, el primer ministro italiano debería mostrarse más preocupado a garantizar el delicado equilibrio de poderes (y funciones) que un Estado democrático de derecho requiere. Las palabras descalificando al poder judicial minan la credibilidad de una de las instituciones más importantes y, al mismo tiempo, frágiles del país. Al par que en otros países de Europa (España incluida), el sistema judicial necesitaría una atenta reforma que mire a mayor efectividad y celeridad. Sin embargo, esta reforma tarda a realizarse y la disminución de la carga laboral de los jueces italianos no se obtiene a través de indultos de dudosa utilidad (como hizo el anterior gobierno) o garantizando la inmunidad de los más altos cargos estatales (como propone el actual gobierno). La ley debe ser igual para todos, generando confianza en la ciudadanía y garantía de su aplicación; al mismo tiempo, quien gobierna no debe de denigrar ni deslegitimar a los jueces y las instituciones judiciales. La separación de poderes y la aplicación del derecho representan unos requisitos mínimos para el funcionamiento de un Estado democrático en versión occidental y, por lo tanto, deben ser protegidos y garantizados.