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TRIBUNA

Gobierno en funciones

José Luis Martínez López-Muñiz
sábado 21 de noviembre de 2026, 18:08h

La Constitución dice, en su artículo 101, que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, pero que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

La Ley del Gobierno 50/1997, se ha ceñido a la literalidad de esa previsión constitucional al regular lo que denomina, en su Título IV, el Gobierno en funciones, cuya gestión -dice su art. 21.3- habrá de limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

Esta necesaria regulación del Gobierno en funciones es muy parca y además se aplica, en efecto, solamente a partir de la celebración de las elecciones generales, salvo que el cese del Gobierno responda, como también disponen el art. 101 de la Constitución y la mencionada Ley del Gobierno, a que el Congreso apruebe una moción de censura o rechace una cuestión de confianza, o a dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno.

Pero el funcionamiento político de la democracia parlamentaria siempre se ha regido también por costumbres coherentes con los principios que la sustentan, aunque con el tiempo vayan pasando a ser formuladas crecientemente como leyes.

En ninguna democracia parlamentaria en marcha son posibles las elecciones generales para constituir nuevas Cámaras parlamentarias sin la previa disolución de las que hayan de ser sustituidas, por terminación constitucional de los mandatos de quienes las constituyen con el transcurso del tiempo por el que les fue otorgado (cuatro años en España, tanto para el Congreso, artículo 68.4, como para el Senado, artículo 69.6), o por disolución anticipada decretada, en el caso de la Constitución vigente en España, por el Rey (artículo 62.b), en los casos en que así lo disponga la propia Constitución, y en concreto, a propuesta del Presidente del Gobierno en los términos de su artículo 115.

En suma, para convocar elecciones generales al Congreso y al Senado, primero hay que disolverlos, hay que poner fin al mandato de los que los venían integrando, aunque también cabe hacer esa convocatoria en previsión de la terminación de ese mandato que ha de producirse a los cuatro años de haber sido elegidos, teniendo en cuenta que, como dice el artículo 68.6 de la Constitución, las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. Las nuevas elecciones siempre requieren, pues, como mínimo, que el mandato de las anteriores haya concluido treinta días antes, y no deberán celebrarse más de sesenta días después de esa terminación.

Pues bien, si el Gobierno, en toda democracia parlamentaria, depende de la voluntad del Parlamento y, más en concreto, en la España actual, del Congreso de los Diputados, parece obvio que la disolución de éste priva a aquel de su legitimidad para tomar decisiones innovadoras, expresivas de opciones políticas objeto del pluralismo democrático. El Gobierno tiene que continuar, obviamente, por necesidades de continuidad del propio Estado hacia dentro y hacia el exterior, Pero, disuelto el Congreso, el Gobierno comienza en realidad a estar en la situación que se ha dado en denominar en funciones, esto es con competencia solamente para tomar aquellas decisiones o medidas que vengan obligadas por el ordenamiento jurídico aplicable o resulten imperadas, con probada urgencia, por las circunstancias internas o internacionales. El Gobierno carece ya de habilitación para tomar decisiones que no sean las imprescindibles para cualquier Gobierno, sea cual sea su orientación política. Incluso cuando revistan alguna mayor trascendencia, debe hacerlo previa consulta con la Diputación Permanente del Congreso, cuya existencia se justifica precisamente, a pesar de la disolución de éste, en poder contribuir a la objetivación de las decisiones que, por razón extraordinaria o circunstancial, tenga que adoptar el Gobierno en funciones.

El Gobierno no comienza a estar en funciones el día de la celebración de las elecciones. Lo está desde que entra en vigor el Real Decreto de disolución de las Cortes, aunque su cese lo determine la Constitución como un efecto de la efectiva celebración de las elecciones. Obviamente, de las nuevas elecciones surge una nueva legitimidad -coincidente o diversa de la que hubiera hecho posible el Gobierno en presencia, pero que, en todo caso, deberá verificarse en la actuación del nuevo Congreso- y tiene su lógica que ello haya llevado a la Constitución a afirmar ese efecto del cese del Gobierno, aunque, en rigor, de efectos aplazados al nombramiento y toma de posesión del que haya de sucederle. La disolución del Congreso no produce aún ese cese formal, ciertamente, pero, por lo que se refiere a lo que el Gobierno pueda o no pueda hacer, coloca a este en una situación que debe considerarse igual. Por eso, no dice el art. 101 de la Constitución que el Gobierno cesante “quedará” en funciones, sino que continuará en funciones. Seguirá estando en la misma situación de en funciones en la que debe entenderse que se encuentra desde el Real Decreto de disolución del Congreso que lo sustentaba.

Y es particularmente inadmisible y contrario a las más elementales reglas que deben regir la igualdad en todo procedimiento electoral, que el Gobierno, en el tiempo que media entre la disolución de las Cortes y las elecciones, adopte decisiones y medidas de carácter manifiestamente electoralista o que puedan tratar de generar la simpatía con el partido o partidos gobernantes entre más o menos amplios colectivos de la ciudadanía; decisiones y medidas que, además, no vienen exigidas, en sí mismas o en cuanto al momento en que son adoptadas, por necesidades imperiosas o de extraordinaria urgencia, o que incluso pueden estar reservadas a la ley. Más aún si implican cuantiosos gastos públicos y el Gobierno carece de los Presupuestos debidamente aprobados que los hayan autorizado. Lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, incluida, naturalmente, la utilización espuria de la Diputación Permanente para contradecir decisiones del Pleno del Congreso disuelto, constituye una abusiva utilización de los medios públicos, de los medios de todos, en favor de quienes ostentan aún este Gobierno en funciones. Una revisión futura de la Ley del Gobierno debería tratar de esclarecer con más precisión, claridad y rotundidad, este tipo de actuaciones tan escandalosamente abusivas, de modo que puedan ser impedidas, sin vacilación alguna, por la Administración Electoral.  

José Luis Martínez López-Muñiz

Catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid

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