incidente en la campaña de las generales de 2008
El fiscal en el juicio De la Vega-Pons pide la desestimación de la demanda
lunes 23 de febrero de 2009, 20:54h
La vicepresidenta primera del Gobierno se querelló contra el ahora responsable de comunicación del PP al entender que unas declaraciones suyas efectuadas en plena campaña de las últimas elecciones generales vulneraban su derecho al honor. El Ministerio Público entiende que las palabras de Pons se enmarcan en la libertad de expresión.
El fiscal en el juicio por la denuncia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra el ahora responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha solicitado la desestimación de la demanda.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras presentar los abogados de ambas partes sus pruebas y proceder a la escucha de los testigos.
Posteriormente, el fiscal ha decidido que se desestimara la demanda de De la Vega contra González Pons, pues entendía que unas declaraciones suyas efectuadas en plena campaña de las últimas elecciones generales vulneraban su derecho al honor, y ahora tocará decidir al juez.
Según ha concluido el fiscal, no existe tal vulneración, pues las aseveraciones del actual vicesecretario de Comunicación del Partido Popular las efectuó en el marco de la libertad de expresión y de su derecho a la crítica, fundamentos ambos del Estado de Derecho.
Por tanto, sentencia, en el caso no hay colisión entre el ejercicio de la libertad de expresión y la protección del derecho al honor.
El abogado de la vicepresidenta primera, Francisco Blasco, ha indicado en declaraciones a Efe que el informe del fiscal contenía "inexactitudes" y ha señalado que las declaraciones de González Pons se efectuaron sin "constatación previa".
El entonces cabeza de lista del PP por Valencia -en las elecciones generales de marzo de 2008- afirmó que la número uno de la lista del PSOE por la misma circunscripción, Fernández de la Vega, no estaba empadronada en la localidad levantina de Beneixida.
El abogado de De la Vega ha explicado que el terreno en el que se situaba la residencia de la familia de la vicepresidenta estaba calificado como "industrial", si bien cambió a suelo urbanizable a raíz de la aplicación de la ley autonómica de urbanismo.
La familia de Fernández de la Vega se opuso a ello en principio, aunque posteriormente las partes llegaron a un acuerdo para que se procediera a la nueva calificación del terreno.
En esa conversión, añade el abogado, la familia de la hoy vicepresidenta obtuvo ocho millones de pesetas, una cifra que nada tiene que ver con el "terrible pelotazo" que según González Pons "se llevó" Fernández de la Vega.
Ni la vicepresidenta ni el dirigente del PP acudieron a declarar al juzgado madrileño.