Han pasado casi cinco años desde aquel trágico 26 de mayo de 2003, cuando 62 militares españoles fallecieron en Turquía en el avión de regreso a casa después de cumplir su misión en Afganistán. Sus familiares esperan que ahora, con la reapertura de la investigación y las declaraciones de los testigos citados por el juez Marlaska en la Audiencia Nacional, se pueda esclarecer la verdad y depurar las responsabilidades.
A partir de este miércoles, el caso del accidente del Yak-42 vuelve a la Audiencia Nacional después de que el pasado 22 de enero la Sala de lo Penal obligara al juez Fernando Grande-Marlaska a reabrir la investigación sobre la contratación del avión siniestrado. La Sección Cuarta de la Audiencia atendió de esta forma a los recursos presentados por los familiares de las víctimas.
El auto ordena al magistrado citar a nueve testigos -cinco militares y cuatro civiles- solicitados por las familias para que se puedan "depurar las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España en las etapas de contratación y desarrollo del vuelo del Yak-42 que resultó accidentado". Los jueces piden que se profundice en el hecho de que estas personas del Ministerio de Defensa tuvieran conocimiento de las circunstancias penosas "y en ocasiones ciertamente peligrosas" en las que viajaban los militares.
Citados por Grande-Marlaska Este 13 de febrero, el juez Grande-Marlaska ha tomado declaración a los testigos militares. El jueves será el turno de los civiles citados.
Entre los militares se encuentran el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), teniente general Juan Luis Ibarreta; el máximo responsable del mando Aéreo de Levante, general Manuel Estellés; el teniente coronel Javier Marino, oficial del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset); y el comandante Antonio Bedala, compañero del comandante Repollés, uno de los fallecidos.
A las diez de la mañana llegaba a Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el general Alejandre, . El ex JEME ha declarado ante el juez que
desconocía que se hubieran producido irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003, causando la muerte a 62 militares españoles. En su declaración, que ha durado unos 30 minutos, el ex jefe del Ejército
ha rechazado conocer datos sobre el proceso de la contratación del vuelo y se ha mostrado "ignorante" sobre cómo se gestionó, según han explicado fuentes jurídicas.
Además de este general, ha declarado ya ante el juez
el teniente coronel de infantería Javier Marino González, quien se ha ratificado en su informe, realizado para los servicios de Inteligencia del Ejército un mes antes del siniestro, en el que denunciaba irregularidades en la contratación del vuelo. Marino advirtió entonces de que "se están corriendo altos riesgos al transportar a personal en aviones de carga de la antigua URSS".
Dos de los testigos más importantes de este miércoles serán
el teniente general Ibarreta y el general Estellés. El primero estaba al frente del Emacon en el momento del accidente y fue el encargado de firmar el contrato con Chapmamfreeporm, la empresa encargada de solicitar los servicios de estos aviones rusos para transportar a los militares españoles en misión exterior. A él le preguntarán acerca de uno de los asuntos más espinosos del caso: el del dinero.
El auto de la Sala de lo Penal apunta a que el desfase entre lo pagado por España (140.000 euros) y lo percibido por la compañía aérea ucraniana UM Air, que finalmente se hizo cargo del vuelo (39.000 euros) “puede ser objeto de investigación (…) sobre el control de las finanzas destinadas por Defensa al transporte de las tropas españolas destacadas en el exterior”. El auto contradice de esta manera las tesis del equipo del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que aseguraba que España había quedado al margen de los vuelos tras el acuerdo marco suscrito por el Estado Mayor Conjunto (Emacon) y la OTAN. Según los jueces, a pesar de esta subcontratación de servicios, hay obligaciones "entre el Estado y sus militares".
El general Estellés, por su parte, acude a la Audiencia como ex responsable del Mando Aéreo de Levante, cuya unidad debía coordinar el vuelo una vez que el avión despegó. Estellés también había recibido quejas y redactó un informe que, posteriormente remitió al Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Será
el comandante Antonio Bedala quien certifique el testimonio enviado a su correo electrónico por uno de los militares fallecidos, el comandante Repollés, en el que le exponía sus temores acerca del tipo de aviones que los transportaría de vuelta a casa desde Afganistán.
Ya el jueves, corresponderá el turno de los civiles citados por Marlaska, entre los que se encuentra
Alfonso Aguyó, el hermano del cabo Vicente Aguyó que murió en el siniestro tras haberle transmitido su temor por el estado de la aeronave en la que viajarían.
Javier Jiménez-Ugarte, entonces secretario general de Política Defensa (Segenpol) y "número tres" de su Ministerio. El ya expresó en su momento que no se arrepiente de la gestión de la crisis pero, en cambio, sí reconoció una mala contratación de los aviones. Para hablar precisamente de la situación de estos aviones, acudirá a la Audiencia Nacional Cecilio Yustas, un perito aeronáutico que investigó este caso desde el comienzo. Y, por último, el juez ha citado al representante legal de la Chapmam Freeporm, la empresa que hizo de intermediaria de la OTAN para la contratación de los aviones.
Trillo y Bono declararán ante Marlaska
La investigación retomada por Marlaska ha adquirido fuerza con la citación de dos políticos enfrentados por este caso, los ex ministros de Defensa, Federico Trillo y José Bono.
Trillo se ha acogido a su derecho de testificar por escrito y Bono acudirá el lunes 18 a la Audiencia porque, como él mismo ha declarado, "no se me cae ningún anillo por ir al juzgado a contestar al juez". Bono se ha mostrado "encantado de poder ser útil al esclarecimiento de la verdad y, en una clara alusión a su predecesor en el cargo, el candidato número uno del PSOE por Toledo ha afirmado que "la gente no entendería que pueda ir un familiar, un padre, un hermano de uno de los muertos, y que un ministro dijera: yo me acojo al privilegio de declarar por escrito".
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del YAK, Pacho González, ha pedido que Federico Trillo declare en persona, y no por escrito, ante Grande-Marlaska, como lo hará José Bono el próximo lunes.
La polémica del Yak-42 vuelve a la palestra en la precampaña electoral. Trillo conoció la citación del juez el mismo día en que presentaba su candidatura por Alicante, por lo que ha asegurado que “manipular el caso del Yak-42 en plena campaña es una perversidad” y ha precisado: "Yo no estoy encausado, nunca lo he estado. Me piden que testifique o un informe sobre cómo se realizaban las contrataciones. Nada más". Trillo reiteró, también hace unos días, su tesis: “Fue un error de los pilotos. Eso ha sido estimado por tres autos de la Audiencia Nacional dictados por dos jueces distintos. Pueden dar las vueltas que quieran, esa es la causa. Pero manipular todo eso para convertirlo en un asunto de campaña es una desvergüenza y una perversión. Y no lo voy a consentir”, concluyó el ex ministro.
Las familias
Los familiares de las víctimas quieren desvincular, sin embargo, la reapertura de la investigación de las próximas elecciones generales. Uno de ellos ha reconocido a EL IMPARCIAL que "se trata de una coincidencia, pero lo más importante ahora es aprovechar el tiempo porque, tras cuatro años y medio de investigación, tan sólo han comparecido ante el juez tres testigos solicitados por las familias". A esto se la añade la creencia, por parte de algunos juristas, de que es demasiado tarde. El próximo 26 de mayo se cumplirán cinco años de la catástrofe y podría prescribir la responsabilidad de los que no hayan sido objeto de acusación hasta esa fecha.
Aún así, este familiar tiene "la esperanza de que los que testifiquen ahora –una vez pasado el tiempo-, digan la verdad. Muchos están enfadados por este asunto y tal vez, es momento, de contar lo que saben".
El presidente de esta asociación de familiares de las víctimas del Yak-42, personada en la causa como acusación particular, ha mostrado su confianza en que la investigación sea "amplia, rigurosa y lo más objetiva posible" para que "de una vez por todas" se conozca la verdad sobre el accidente del avión, sucedido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
Ha explicado a los periodistas que los mandos militares deben ofrecer a sus militares "un acto de justicia, y no dejarlos solos como han hecho hasta ahora", y ha pedido que se deje de utilizar políticamente este proceso.
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