Trillo: "A Garzón se le acabó el cuento de las dos varas de medir bajo la toga"

El Tribunal Supremo ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) documentación recibida de la Universidad de Nueva York en la que se da cuenta del cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de más de 160.000 euros que percibió por la organización de unas actividades académicas en dicho centro, coincidiendo con la licencia por motivos de estudios de la que disfrutó el magistrado entre marzo de 2005 y junio de 2006.

La remisión de dicha documentación se ordena en un auto dictado este lunes por la Sala de lo penal del Supremo que archiva la querella presentada por un abogado alicantino contra Garzón, al que acusaba de cohecho y prevaricación por haber haber recibido 1,7 millones de dólares (1,3 millones de euros) del Banco Santander por la presentación de un ciclo de conferencias y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.

Tras analizar la cuestión, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado carecen de relevancia penal y archiva la querella. Sin embargo, deduce testimonio de su resolución y de la documentación recibida de la Universidad de Nueva York y la remite al CGPJ porque el juez de la Audiencia Nacional no comunicó al órgano de gobierno de los jueces el cobro de 203.000 dólares en concepto de sueldo a través de nómina.

Apunta que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en Estados Unidos "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".

Según el auto dado a conocer este lunes, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 16.738 euros y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 126.874,45 euros por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".

Trillo tilda al juez de "cazador cazado"
El portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Federico Trillo, ha afirmado este lunes que el juez Baltasar Garzón, al que ha definido como "cazador cazado", "se inhabilita a sí mismo con su conducta".

A juicio de Trillo, al magistrado de la Audiencia Nacional "se le ha acabado el cuento de las dos varas de medir bajo la toga, una para sí mismo y otra para exigirle a los demás", y ha subrayado que en democracia "ningún poder es inmune".

El diputado del PP ha manifestado que Garzón ya no podrá seguir haciendo lo que quiera en "las cacerías, los viajes, las conferencias en EEUU, en la 'Operación Faisán' (sobre el aparato de extorsión de ETA) y en los secretos de sumario", y ha señalado que "afortunadamente Garzón no representa a los jueces españoles".

Segunda investigación en un año
El CGPJ, que ya archivó en abril del año pasado una investigación a Garzón por estos hechos, recibió hace casi cuatro meses un nuevo escrito del mismo abogado, Antonio Panea, en el que informaba al Consejo de que se había querellado contra el juez.

El Poder Judicial, que abrió entonces una nueva investigación, estudiará este martes otra vez el asunto y previsiblemente volverá a archivarlo, ya que el servicio de Inspección ha concluido que el juez no incurrió en ninguna infracción disciplinaria.

Ahora, la resolución del TS, que cita el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas", puede dar lugar a la apertura de una tercera investigación sobre los mismos hechos.

Según el Alto Tribunal, no consta que el Consejo tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación en Nueva York fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina.

Panea interpuso la citada querella contra Garzón en junio pasado al estimar que pudo cometer delitos de cohecho y prevaricación al recibir 1,7 millones de dólares del Santander y después archivar con "inusitada celeridad" una querella interpuesta contra éste.

El TS explica que el juez les remitió un escrito en el que aseguraba que el Banco Santander había destinado fondos para actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York, pero que esos fondos en ningún caso fueron destinados a pagos al juez, sino a sufragar gastos de las actividades en que intervenía.

El CGPJ, recuerda el auto, decidió en 2005 otorgar al juez una licencia de estudios en dicho centro universitario de Estados Unidos del 1 de marzo al 1 de diciembre de ese año, licencia que fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2006 y que da derecho al pleno devengo de la totalidad de las retribuciones como juez.