Aunque el Presidente Hugo Chávez llega al poder por elecciones, sus ejecutorias se alejaban cada día del esquema democrático y eso provocó el intento de golpe de estado y el paro petrolero.
Al inicio de los 80 frente al colapso administrativo que genera el cúmulo de competencias administrativas,
Venezuela al igual que otros países del mundo, comenzó su proceso de descongestión, ello bajo el amparo de la Constitución de 1961. Se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado COPRE (1984), a los fines de organizar un Estado Moderno con la participación de diversos sectores de la sociedad. En ese tiempo se intensifica la actividad legislativa orientada a al fortalecimiento de las regiones: Ley de Descentralización (1990); Ley de Régimen Municipal (1989); Ley de Elección de Gobernadores (1989) elección directa; Fondo para la Descentralización (FIDES) (1993): “…promover la descentralización, solidaridad intergubernamental y el desarrollo de los Estados y Municipios…”
Este trabajo se fortalece con la constitución del año 99, a través de la cual cambia el sistema democrático de representativo a participativo, diseña un sistema nacional de planificación: Nacional, Estadal, Municipal y Comunidad, en pro de la descentralización de competencias desde Caracas hasta las comunidades organizadas. Y crea instancias de participación ciudadana como los Consejos Estadales Local de Planificación (CLPP), órgano planificado del municipio.
Todo en el marco de una situación política conflictiva, porque, aunque el Presidente Chávez llega al poder por elecciones, sus ejecutorias se alejaban cada día del esquema democrático y eso provocó el intento de golpe de estado y el paro petrolero. Actos que le dan al gobierno un justificante para arremeter contra todo, parecido a oposición. Pasa a la ofensiva agresiva, para lo cual necesita un manto de legalidad, crea sus leyes vía habilitante (2008), legisla la Asamblea Nacional (Ley de Descentralización marzo 2009),
todo en detrimento de la constitución vigente, ejecuta actos que cercenan los derechos civiles y políticos con el apoyo del resto de los poderes públicos, los cuales se encuentran al servicio del Presidente y de su proyecto, tales como: límites a la libertad de expresión (ley de contenidos), pero el 8 el del Estado insulta, arremete, hace campaña a favor de los candidatos oficialista; el
Presidente hace campaña abiertamente a favor de sus candidatos; el ente Contralor, inhabilita políticamente a candidatos de la oposición;
PDVSA hace campaña abiertamente a favor del oficialismo; la propiedad privada igual es intervenida o expropiada según la conveniencia del Presidente, no hay seguridad jurídica, la ley la establece él en cada alocución Presidencial los domingo, allí anuncia “
voy a intervenir”, “voy a parar a los atuneros que no se adapten…”, amenaza: “si siguen así voy a…”; interviene los Puertos y Aeropuertos que son competencia exclusiva de los Estados y los poderes públicos bien gracias, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vitoreando: ¡UH AH CHAVEZ NO SE VA!.
De lo expuesto se evidencia que el problema es mas político que legal, ya que
esos actos se ejecutan con la intención de acabar con la disidencia, estorbo, para su proyecto político autoritario y personalista, y en eso se carga la institucionalidad. Según la encuesta de Alfredo Keller y Asociados (2008) el 42% Chávez vs. 35% oposición y el 23% no alineados; en cuanto a los problemas: la delincuencia 82% empeorado, corrupción 72% empeorado, aumento de costo de la vida 65% empeorado, pobreza 56% empeorado, escasez de alimentos 77% empeorado, se debe la escasez al gobierno? 54% SI vs. 41% NO. El resultado del último referéndum inconstitucional (2009) fue de 54,85% por el SI contra 45,14% por el NO.
Como se ve la oposición es un importante sector en crecimiento, (ni escuálido ni precario) y no se puede eliminar ni por ley, decreto u actos arbitrarios.
