Desconcierto de la sociedad ante la Justicia

La salvaje agresión contra dos policías nacionales llevada a cabo por un peligroso delincuente durante un permiso penitenciario conmocionó a la sociedad española hace casi cinco años. El sujeto en cuestión violó y asesino a dos jóvenes agentes en prácticas, que no tuvieron posibilidad alguna ante semejante asesino. Pedro Jiménez fue condenado entonces a casi cien años de condena por los hechos cometidos, pero ayer el Tribunal Supremo decretaba que el juicio debía de repetirse, ya que Pedro Jiménez tendría que haber sido juzgado por un tribunal popular -esto es, un jurado-. Sin embargo –y como podría esperarse- el individuo en cuestión cumple actualmente condena por otros delitos diferentes y tiene todavía causas pendientes. De no ser por eso, habría quedado en libertad, ya que en la resolución del Supremo constaba el fin de la prisión provisional y, por tanto, la posible excarcelación de Pedro Jiménez.

Decisiones de este tipo son las que hacen que la sociedad desconfíe de la justicia, y sienta ante determinadas situaciones un desamparo aterrador. Independientemente de consideraciones de técnica jurídica, los profesionales de la judicatura deben comprender que se está abriendo una brecha cada vez mayor entre la Justicia y la opinión pública. En su momento, la ley que regulaba la instauración del jurado en el ordenamiento jurídico español fue profusamente contestada por parte de un amplio sector del mundo jurídico. Al mismo tiempo, el hecho de que un delincuente, cuya peligrosidad ha quedado más que probada, disfrutase de un permiso penitenciario, pone el acento sobre la permisividad de algunos jueces de Vigilancia Penitenciaria. Todo lo cual no deja de ser la punta del iceberg que esconde una realidad mucho más preocupante, y es la tajante oposición de un sector pretendidamente progresista de la justicia, a la hora de endurecer las penas ante determinados delitos. Se prima el bienestar del delincuente por encima de la reparación a la víctima o, en su caso, la seguridad del conjunto de la sociedad. Otro de los “logros” de ese tipo de interpretaciones ha sido la desafortunada “ley del Menor”, tristemente célebre a raíz del asesinato de Sandra Palo.

No se sabe si la responsabilidad debe recaer en la Audiencia de Barcelona, entonces, o en el Tribunal Supremo ahora, pero lo cierto es que resulta de todo punto inconcebible que un juicio celebrado con todas las garantías procesales haya de repetirse, con el riesgo de que un peligroso asesino quede suelto. La sociedad no merece semejante indefensión.