Honduras: reacciones diplomáticas precipitadas

La comunidad internacional ha reaccionado con contundencia frente a la crisis gubernamental por la que actualmente atraviesa Honduras, desde la intervención militar del pasado fin de semana que destituyó del poder a Manuel Zelaya. Un hecho que le ha supuesto al Gobierno interino de Roberto Micheletti, la condena del pleno del sistema interamericano y de los organismos internacionales. Rechazo al que también se han sumado los Estados Unidos. Pero, al parecer, es España quien se ha situado en cabeza de la condena, con el ministro Moratinos, como maestro de ceremonias, llamando a consultas a su embajador en Tegucigalpa y animando a sus colegas de la Unión Europea a hacer lo propio.

Sin embargo, sería un mínimo exigible de la diplomacia española hilar más fino en política internacional, evitando que el estrabismo del sondeo interno le lleve a alinearse con políticas populistas de autoritarismo plebiscitario que ni ayudan a la causa democrática en la región ni convienen a los intereses europeos, en general, y españoles, en particular.

En este sentido, si bien lo que ha ocurrido en el país centroamericano es cuestionable, debido a que supone una grave vulneración del orden democrático e institucional, también es necesario que la comunidad internacional analice, con rigor e independencia, los antecedentes y las causas que llevaron a los lamentables incidentes del pasado domingo.

Así, desde que Zelaya asumió el poder en 2006, su aproximación a mandatarios de corte populista autoritaria, como su par venezolano Hugo Chávez o Daniel Ortega, y sus cada vez más intransigentes pretensiones anticonstitucionales de perpetuarse en el poder, despertaron la preocupación de la mayoría de los políticos hondureños, empezando por los de su propio partido, y el recelo de –seguido de la confrontación con- los otros dos poderes del Estado. El operativo militar que detuvo a Zelaya es el desdichado resultado final de una cadena de vulneraciones de la legalidad vigente a las que no es ajeno el propio mandatario depuesto. Porque es lo cierto que el ex-Presidente hondureño no dudó en pisotear reiteradamente la Carta Magna de su país –desobedeciendo e ignorando sentencias judiciales y resoluciones del Congreso- con el objeto de poder llevar a cabo una consulta popular que sirviera de comodín para una reforma constitucional que despejara el camino hacia la reelección. Una iniciativa a todas luces ilegal, si se toma en cuenta que la Constitución hondureña, en sus artículos 373 y 374, no autoriza la modificación de la Constitución al margen del Congreso de la República y, mucho menos, la reelección de un Jefe de Estado.

Por eso, aún cuando fuera de sus fronteras, Zelaya se percibe como la víctima de un ilegítimo golpe de Estado, muy bien amparado por la comunidad internacional que ha alzado la voz a su favor en aras del restablecimiento de la democracia en Honduras, lo cierto es que dentro de la nación centroamericana las cosas se ven de manera muy diferente.

Ante esta compleja coyuntura, quizá sería más aconsejable que la comunidad internacional –empezando por Europa y España- analizase concienzudamente los contextos que detonaron la intervención militar del 28 de junio, antes de sentenciar sobre una situación que se muestra todavía demasiado confusa para establecer conclusiones. Más que cuestionamientos y proclamas, por parte de los organismos internacionales, se necesita que se investigue y se indague sobre lo ocurrido. Sin embargo, por el momento, no hemos visto gestos por parte de la OEA, de la ONU o de la UE que indique alguna intención de establecer un comité de investigación que permita averiguar lo que realmente está pasando en Honduras, a fin de poder determinar con precisión y justicia lo ocurrido.

Es verdad que un conflicto de poderes como el que nos ocupa debe ser solucionado por vía democrática y procedimientos ajustados a derecho y que la intervención militar in extremis, poco menos que secuestrando a Presidente para expulsarlo del país, por más que cuente con el aval del Supremo, no es un sistema admisible de remover a un mandatario que, indudablemente, se había situado fuera de la ley y al margen de la Justicia. Ello no obstante, es necesario que los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, con España en primer lugar, asuman un papel más responsable al respecto, y sean más honestos y menos hipócritas frente a la realidad iberoamericana. En este sentido, conviene subrayar que el mayor peligro hoy para la democracia en Latino América no viene como antaño tanto del militarismo golpista cuanto de populistas autoritarios que han diseñado estrategias plebiscitarias de asalto y perpetuación en el poder. Es lo cierto que un número inquietante de países de la región andan inmersos en “un salto atrás” político, que puede resultar más lesivo para la democracia en la región que la drásticas medidas adoptadas por el Congreso y el Tribunal Supremo de Honduras.