Detenido un concejal del PP por el caso Palma Arena

Cinco personas han sido detenidas hasta el momento en la operación abierta esta mañana por la Policía Nacional por un presunto caso de corrupción relacionado con la construcción del pabellón deportivo Palma Arena, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Entre los detenidos, según han confirmado a EFE fuentes del PP, se encuentra el concejal popular en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán, que en el pasado mandato municipal ocupaba la concejalía de Deportes y presidía el consorcio del pabellón.

Otro de los detenidos, según fuentes próximas al caso, es el director de la agencia de comunicación y publicidad Nimbus, Miquel Romero, empresa que tenía la cuenta del pabellón del Palma Arena. Este directivo fue también jefe de una de las campañas electorales del PP.

El arresto de Durán se ha producido en la misma sede de los "populares" en el Consistorio. Esta detención se suma a las otras tres que se han producido a lo largo de esta mañana y cuyas identidades no han sido facilitadas por la Policía Nacional.

Las detenciones, ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción, investiga, entre otros, un presunto delito de malversación de caudadales públicos. Tras el arresto, el PP manifestó que, por el momento, no va a hacer ninguna valoración, ya que está "a la expectativa" de lo que suceda en las próximas horas, cuando Durán sea interrogado por la Policía Nacional.

Así, los cinco arrestos se produjeron en el marco de una serie de registros que la policía judicial está llevando a cabo desde esta mañana en el Palma Arena y en la empresa de comunicación Nimbus, situada en el Paseo Mallorca, número 32A, donde la Fiscalía Anticorrupción habría encontrado algunas presuntas irregularidades en esta infraestructura deportiva impulsada e inaugurada por el ex-presidente del Govern, Jaume Matas, y que se conoce como el 'caso Palma Arena'.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que Durán, ex presidente del consorcio del pabellón y ex concejal de Deportes, fue quien firmó la liquidación de los sobrecostes de las obras del pabellón, presupuestado inicialmente en 48 millones y que después costó unos cien.

En el caso del Palma Arena se investiga la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho por el destino final del dinero dirigido a la construcción de este pabellón, que costó el doble de lo presupuestado en la época en la que el gobierno balear lo presidía Jaume Matas (PP).

La Fiscalía trata de averiguar el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros. A partir de ese momento, la abogacía de la comunidad y los servicios jurídicos del Govern colaboraron con la Fiscalía en la transmisión de documentación.

Precisamente, el pasado 14 de noviembre de 2008, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, acompañado de los fiscales Anticorrupción, Joan Carrau y Pedro Horrach, y de la Policía Nacional, realizaron una inspección ocular en el velódromo del Palma Arena, con el fin de buscar posibles irregularidades. Concretamente, la Comisión Judicial se limitó a recorrer todas las instalaciones del Velódromo inspeccionando las pistas, las gradas y los sótanos del Palma Arena.

Así, la Fiscalía investiga si se cometieron pagos irregulares a los arquitectos y técnicos de la dirección de obra del proyecto. El consejero de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, ya aseguró el mismo día de los registros producidos en noviembre del pasado año que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es "muy elevada", lo que ha generado un agujero en la Consejería que "va a impedir hacer muchas cosas".