Intelectuales y política

Existe cierto consenso en situar el origen de la voz intelectual sustantivada en torno al conocido affaire Dreyfus y a la carta que Émile Zola escribió en enero de 1898 al Presidente de la III República Francesa, Félix Faure, subtitulada por Clemenceau con el célebre «J’accuse!». Acto seguido, los intelectuales afloraron por Europa como consecuencia de diversos acontecimientos que generaron su movilización (por ejemplo, en Alemania, Inglaterra o España con los casos Spahn, Wilde y los sucesos de Montjuïc, respectivamente).

Los teóricos han destacado que cualquier definición estática del intelectual a lo largo del siglo XX resulta inapropiada ya que su aplicación a un período difícilmente se ajusta a lo que se puede entender por tal en otro (antes de los años veinte conformaron una élite que se concibió como conciencia de la multitud inerte; posteriormente, salieron de su abstención política y accedieron a la «plazuela pública»; y, tras la II Guerra Mundial, el término se tendió a aplicar, exclusivamente, a personas vinculadas ideológicamente con la izquierda).

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos compartir que todo intelectual es una personas vinculada, de uno u otro modo, al mundo cultural o científico, que manifiesta un compromiso cívico influyendo en la política, o bien directamente, o bien a través de su criterio profesional, que tienen cierta proyección social a través de los medios de comunicación y, si se quiere, que, junto a los demás intelectuales de los que se pueda preciar una sociedad, constituyen cierto estatus o clase sociológica diferenciada. En todo caso, lo que espera la ciudadanía de los intelectuales es su espíritu crítico frente a los políticos, que sean, de facto, los encargados de poner el cascabel al gato, la voz cargada de auctoritas que denuncie los excesos del poder, y que, gracias a esa autoridad, escape a los resortes que todo poder tiene para coaccionar la libertad de pensamiento –intereses económicos incluidos-.

El matrimonio entre política e intelectuales nunca ha sido bien avenido. Cada vez que los intelectuales han hecho incursiones en política, habitualmente han salido escarmentados. El motivo fundamental quizá sea que, mientras los intelectuales tienen a la ética como escenario último de su conciencia, el político, como ya explicara Ortega en su Mirabeau no tiene por qué ser un hombre éticamente irreprochable. Es más, si el arte de la política consiste en conciliar lo inconciliable, en hacer posible lo imposible, es más que frecuente que el político puro bordee (y, en ocasiones, supere) lo éticamente reprochable.

Desde la Antigüedad se viene discutiendo esa compatibilidad entre ética y política (Platón, Maquiavelo, Rousseau, Weber…). Si nos preguntasen, todos responderíamos que la política debería ser intachablemente ética, es más, solemos exigir que los políticos parezcan irreprochables en sus actitudes y comportamientos públicos –cuando no también privados. Sin embargo, bien sabemos que, aunque la política es la gestión de lo público, la búsqueda del bien común, otras son las razones que suelen mover el mundo de la política, desde ambiciones personales, hasta la razón de Estado que es, por cierto, otro eufemismo para camuflar lo éticamente reprochable. Políticos e intelectuales se complementan y, al fin y al cabo, ¿qué es un buen matrimonio sino una buena complementaridad?