Consensos y disfunciones en torno al sistema autonómico

El Estado de las Autonomías fue considerado uno de los principales logros de la Transición. Además de la habitual auto complacencia de los políticos, hay que reconocer que ofreció una solución al problema histórico de las regiones y al técnico de una administración eficaz. Pero su contenido concreto quedaba abierto a desarrollos legales posteriores; es decir, a acuerdos políticos posteriores.

Lo malo de los acuerdos políticos es que no tienen continuidad ninguna, que dependen de las exigencias y conveniencias del momento, a no ser que estos acuerdos se desarrollen en el marco de un consenso básico dentro de los límites estrictos de la Constitución. Este consenso básico ha de basarse en principios centrales, como la suficiencia en la financiación, la solidaridad, la eficacia en la gestión y demás. Pero el problema de la España actual es que ese consenso básico, que funcionó de manera aceptable durante varias décadas, desde el 2004 no existe.

Sería injusto dejar de reconocer al ex presidente Aznar –y antes que él a los gobiernos de UCD y al PSOE de Felipe González- que intentó concitar ese consenso, al firmar un sistema de financiación autonómica con las administraciones regionales de todos los partidos. Pero Zapatero no ha estado por la labor de mantenerlo. Después de cinco años de Gobierno podemos ya decir que para el actual Presidente todo es política de poder inmediato y que su política se juega en el corto plazo. En estas condiciones, era impensable que se mantuviese un acuerdo por encima de los cambios políticos del 2004 en el Ejecutivo central. La razón es clara. Hasta entonces, la organización territorial del Estado se había pactado entre dos socios constituyentes principales que sumaban más del 80% del voto. Pero el modelo político Zapatero-Blanco rompió esa sociedad, cambiando de socio constituyente y sustituyendo a los populares (el 40% del voto) por una geometría variable de nacionalistas (que no suman más del 12% del voto). La apuesta era astuta: buscaba la marginación de los populares, condenados al improbable resultado de ganar por mayoría absoluta. En suma, la expulsión del PP del poder (que es legítimo y normal) y del sistema (que es profundamente disfuncional) durante muchas décadas. Un truco sagaz pero destructivo para un funcionamiento equilibrado del sistema político

Lo que vivimos no es sino una escenificación más de esa estrategia de corto alcance de José Luis Rodríguez Zapatero que, reconozcámoslo, hasta el momento –y a salvedad del reciente traspiés en Galicia- le ha sido rentable. Podemos hacer un llamamiento a un acuerdo entre los dos grandes partidos, únicos que pueden vertebrar la solidaridad nacional, pero ello será inútil con Rodríguez Zapatero al frente del PSOE. Tampoco es que podamos confiar por completo en los populares, dispuestos a hacer importantes concesiones si la aritmética política les sienta con los nacionalistas en la misma mesa de presupuesto.

Pero tampoco podemos caer en la desesperanza. El sistema autonómico es demasiado importante como para ello. Y, a la postre, en democracia los sufragios cuentan: no se puede gobernar siempre contra casi dos tercios de los votantes. Más allá del ámbito de la política, la sociedad, por medio de sus organizaciones intermedias, tiene que iniciar un debate abierto y sincero sobre el modelo de Estado más adecuado, o menos dañino, para los ciudadanos. Quizá las circunstancias actuales, aunque penosas, sean propicias precisamente para ello.