Las expropiaciones forzosas de fincas que no cesan

Este caso es uno de los tantos que a diario ocurren en muchos estados del interior del país, en donde los propietarios de tierras observan cómo el trabajo de décadas es desmantelado en un abrir y cerrar de ojos a causa de la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario, la cual establece en su artículo 103 que el terreno con “vocación agrícola, pecuaria o forestal que no alcancen por lo menos el 80% del rendimiento idóneo serán consideradas ociosas”. Es decir, si la tierra es calificada como ociosa o baldía, el Estado venezolano tiene la potestad de disponer de ella para ser “objeto de planes especiales de desarrollo”, según cita dicha legislación.

Si bien la Ley de Tierras plantea el objetivo de garantizar la producción y el rendimiento de los recursos agrícolas y agropecuarios del país, a través de una redistribución coherente y equitativa de la tierra; lo cierto es que en la praxis la situación difiere de la teoría.

Los terrenos confiscados por el Gobierno venezolano no han estado precisamente ociosos o baldíos, como el Ejecutivo de Hugo Chávez pretende hacer ver. Desde las multinacionales como la irlandesa Smurfit Kappa Group o la estadounidense Cargill,-ambas expropiadas en marzo de este año-, hasta las medianas y pequeñas fincas agrícolas y agropecuarias, han sido objeto de la arbitrariedad de las autoridades, que aleatoriamente deciden cuáles son los terrenos a confiscar, aún cuando los dueños y sus representantes legales muestren la documentación y las pruebas exigidas por el Estado para avalar la productividad del terreno.



Lo asombroso es que tras la confiscación, las tierras no continúan con su ritmo de producción y mucho menos le garantiza el sustento a miles de campesinos venezolanos que las trabajaban; sino todo lo contrario, quedan a merced de la desidia. En donde antes había un suelo fértil sobre el cual pastaba el ganado, crecían los aromáticos granos de café y había oportunidades de trabajo, ahora reina el abandono.

Los propietarios de tierras venezolanos, como se ha señalado en reportajes anteriores realizados por este periódico, son objeto constante de las amenazas y represalias de las autoridades venezolanas, que se valen del Ejército, la delincuencia, los invasores y de la manipulación de las cooperativas agrícolas, para forzar el abandono de sus fincas a fin de declararlas ociosas y baldías. Por lo que la incursión y el allanamiento de la propiedad por parte de representantes gubernamentales no es un caso aislado y exclusivo de la familia Sosa Montoya.

En el vídeo que se muestra entre estas líneas, se observa claramente la actitud intimidatoria e incluso burlesca, del gobernador del Estado Guárico, William Lara, y del séquito del INT, ante estos propietarios que llevan produciendo su terreno durante veinticinco largos años. Un caso más de los muchos que se están dando en una Venezuela que se llena de gloria parafraseando los ideales de una “Revolución Agraria”, que no es otra cosa que una revolución estéril y sin tierra. Toda una contradicción para un país que busca convertirse en el bastión del socialismo del futuro.