Los países de Suramérica afectados por las minas antipersonales no han logrado desminar sus territorios, mientras que Centroamérica cumplió con el plazo de diez años que otorgó la Convención de Ottawa en 1999.
"Centroamérica está libre de minas", anunció este miércoles la coordinadora para
América Latina de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, María Pía Devoto, durante la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa que se celebra en Cartagena de Indias.
La miembro del Comité Consultivo de esta ONG, que en 1997 ganó el
Premio Nobel de la Paz, recordó que "el único país de Centroamérica que restaba por limpiar su territorio era Nicaragua". Esas armas fueron colocadas durante la guerra interna que libraron desde los años setenta las fuerzas del Frente Sandinista y la Contra, apoyada por Estados Unidos.
"Suramérica tiene mucho que aprender de Centroamérica", señaló Devoto, al aclarar que ningún país contaminado del sur del continente "ha conseguido limpiar su territorio en el tiempo que se había estipulado en la Convención". Y es que la
Convención de Ottawa estableció en 1999 que en diez años debían estar desminados todos los territorios contaminados por estas armas en el mundo.
La razón por la que los países de Suramérica no han cumplido las metas responde a la ausencia de voluntad política, pero también a los altos costos y la falta de recursos. Por eso la limpieza "es un gran desafío" ya que
"poner una mina son tres euros y su remoción cuesta 750 euros", matizó Devoto.
En Latinoamérica todavía hay minas en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile, además de Cuba, el único estado americano, junto a Estados Unidos, que no ha firmado la Convención de Ottawa. "Esos países están pidiendo extender los plazos", dijo la experta argentina.
En el caso de Perú y Ecuador, cuya frontera está sembrada de minas desde que en 1995 los dos países se enfrentaron en una guerra, sus Gobiernos han pedido ocho años de prórroga y han constituido una comisión binacional que maneja los presupuestos para el desminado.
Venezuela, que tiene alrededor de 2.000 minas alrededor de algunas bases militares cercanas a la frontera con Colombia, también solicitó extensión e igualmente se le fue concedida.
Devoto consideró que en Venezuela "no ha habido una férrea voluntad del Gobierno de limpiar esas minas y lo que se está haciendo es una utilización militar de disuasión".
"El caso más curioso" es el de las
Islas Malvinas, donde hay unas 20.000 minas desde el enfrentamiento bélico de 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Se trata del "único en que la Convención trata un problema de jurisdicción y soberanía", ya que los ingleses tienen ocupado el territorio y los argentinos lo siguen reclamando. También hay minas en Chile, al otro lado de la frontera argentina, desde que en 1978 ambos países estuvieron cerca de la guerra por una disputa territorial.
Cuba es otro caso relevante en América Latina, ya que no tiene intención de retirar el millar de minas que rodean a Guantánamo hasta que Washington abandone esa base militar en la isla.
Pero el caso más dramático es Colombia, donde se siguen sembrando minas
tras más de 40 años de un conflicto armado sin resolver. "Si bien Colombia está demostrando muchos esfuerzos, tiene una deuda muy grande con el desminado que debe ser humanitario", señaló la coordinadora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas.
A su juicio, se están desminando muchas zonas militares pero no tanto las áreas civiles, además cree que en esas tareas deben participar civiles. Devoto consideró que "el gran tema pendiente es la atención a las víctimas" en Colombia.
Por su lado, la presidenta de la Conferencia de Cartagena, Susan Eckey, hizo un llamado a los países que no se han adherido al tratado para que asuman el compromiso. La diplomática noruega recordó a los estados que no han firmado el convenio, como Estados Unidos, Cuba, China y Rusia, que "tienen que hacerlo" por tratarse de una norma internacional.
Por otro lado, el cantante Juanes inició hoy su participación en este foro, donde mañana presentará un análisis sobre el cumplimiento de Colombia, en nombre del Grupo de Trabajo de la Convención de Ottawa (GDTO-14),
formado por 14 ONG de este país.
