El Gobierno se defiende y dice que la Policía permitió la entrada de Haidar

Las dudas planteadas estos días sobre qué organismo o quién permitió la entrada en España de Aminatu Haidar ha sido dilucidadas este viernes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.



Zapatero ha afirmado que la entrada en España de la activista con un permiso de residencia expedido por razones humanitarias como única documentación la gestionaron "autoridades administrativas" y se produjo "conforme a la ley". Lo mismo que De la Vega, quien ha puntualizado que fue "la policía de fronteras" la que autorizó la entrada de Haidar, y se hizo porque la activista saharaui "tiene un permiso de residencia legal" en España. Según la vicepresidenta, el Gobierno actuó conforme a la ley y "por motivos humanitarios".

En todo caso, insistió en que Haidar "tiene permiso de residencia legal en España por razones humanitarias" y por tanto "era residente legal en España cuando viajó a Marruecos con pasaporte marroquí" en noviembre.

Por ello, agregó, tras denegársele la entrada "la compañía aérea le admitió en el viaje de vuelta en aplicación del artículo 66 de la Ley de Extranjería que prevé el transporte al punto de origen de los rechazados en frontera". Así las cosas, Haidar, insistió, "entró en España como residente legal".

Asimismo, el Ejecutivo trabaja para que Haidar "preserve su salud" al tiempo que "insistimos en tratar de hacerla llevar a que abandone la decisión que ha adoptado, que es legítima pero que creemos que no es buena". "Creemos que puede defender su causa y la puede defender con libertad en este país y en ese sentido le ofrecemos todo tipo de posibilidades", afirmó, confiando en que no se tenga que llegar a "una situación límite"

Por su parte, Zapatero afirmó desde Bruselas que Haidar "entró en España conforme a la ley, teniendo en cuenta que tiene un permiso de residencia por razones humanitarias que le permite entrar en España. No hay ninguna autoridad política que esté en el día a día dedicada a establecer autorizaciones o denegaciones de lo que es simplemente la aplicación de la ley que corresponde a las autoridades administrativas que tienen encomendada esa gestión".

Zapatero descartó, además, la intervención del Rey en este caso y defendió que se actúe "con prudencia" y "responsabilidad" cuando se trata de tareas que pueda asumir el jefe del Estado en el ámbito de las relaciones exteriores, un principio que, dijo, va a mantener "durante todo el tiempo que sea necesario y conveniente".