Arranca en Ecuador el debate sobre la "Ley mordaza" para medios de comunicación

El primer análisis comenzará pocos días después de que los movimientos y partidos políticos de la oposición y del oficialismo, representados en la Asamblea, llegaran a un acuerdo para modificar el documento inicial de estudio.

Los políticos acordaron, entre otros aspectos, la creación de un Consejo de Comunicación, pero sin facultades para "clausurar o suspender" un medio de comunicación. En 2010 se realizará el segundo debate del proyecto de ley, que ha levantado una dura polémica al ser considerado por la oposición y varios medios de comunicación como una "ley mordaza".

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, del movimiento oficialista Alianza País, ha rechazado que con la ley se pretenda coartar la libertad de expresión. Y el jefe de Estado, Rafael Correa, defiende el establecimiento de una Ley de comunicación al opinar que los medios de comunicación han estado sin regulación durante muchos años.

Por su parte, a principios de mes, la prensa local publicó un aparte de una carta que la relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, envió a la Asamblea Nacional (ex Parlamento), en la que criticaba algunos puntos del proyecto de ley. La relatora de esa comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo entonces que observaba amenazas a las libertades de información y de opinión en el documento final.

Criticaba así la posibilidad de que se permita al Estado ejercer la censura previa, que se obligue a los periodistas a tener un título en Comunicación y el establecimiento del registro de medios. Asimismo, criticaba el régimen de sanciones y la autoridad que las aplicará, el llamado Consejo de Comunicación, la posible intervención en los contenidos y apuntaba riesgos en cuanto a la reserva de la fuente.

Para Botero, las facultades del Consejo representan un riesgo para la libertad de expresión, especialmente por su conformación, ya que se propone que dos delegados del Gobierno, uno de las universidades y tres de la sociedad civil formen parte de ese órgano. Botero recomendó a la Asamblea que revise la Ley "a la luz de los estándares de los órganos regionales de protección de los DD.HH. de la región", según la carta.