La Fiscalía investigará a Air Comet tras el rechazo del juez a la denuncia de los usuarios

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias de investigación contra Air Comet por la presunta estafa que supondría la venta de billetes tras el cese de su actividad el pasado mes de diciembre, según informaron hoy a EFE fuentes del organismo.

De esta manera, el Ministerio Público toma parte en el caso después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazase este martes la denuncia presentada por una decena de asociaciones contra la aerolínea propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por contener "meras afirmaciones desnudas" que no servían para iniciar un procedimiento penal.

El propio magistrado recordó que la Fiscalía podía iniciar diligencias para recabar información que sustentara la petición que hizo el lunes de que se investigara a Air Comet por presunta estafa.

De hecho, Pedraz recordó que el Ministerio Público "debe efectuar una narración o relato de los hechos que considera delictivos, aportando algún tipo de indicio, siquiera mínimo, que avale racionalmente su verosimilitud, quiénes sean sus posibles autores y la forma en que el delito se ha cometido".

La Audiencia Nacional no admite a trámite la demanda contra Air Comet
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado no admitir a trámite la denuncia por estafa, apropiación indebida e insolvencia punible presentada por varias asociaciones de consumidores contra Air Comet por la venta de billetes tras el cese de su actividad el pasado mes de diciembre.

De esta forma, Pedraz rechaza la petición del fiscal, que ayer le reclamó que investigara la denuncia al considerar que los hechos descritos por los consumidores contra la aerolínea propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, podrían ser constitutivos de un delito de estafa "contra una generalidad de personas", lo que hace que la Audiencia Nacional sea la competente.

Respecto a la denuncia presentada por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CECCU), afirma que es una "denuncia genérica, siendo obvia la escasa concreción de los hechos denunciados, sin que el Ministerio Fiscal en su informe lo subsane al no concretar los hechos que se consideran delictivos y limitándose solamente a estimar competente a este jugado".

El pasado 23 de diciembre, dos días después de dejar de operar, una decena de asociaciones de consumidores encabezadas por CEACCU acusaron a Air Comet de haber vendido pasajes aéreos a sus clientes hasta el 18 de diciembre "con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones".

También aseguraron que el 21 de diciembre, cuando la compañía tuvo que suspender todos sus vuelos por orden de un juez británico, Air Comet seguía destacando en su página web "ofertas especiales de vuelo hasta el 31 de diciembre".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 insiste en que "no consta ni en la denuncia ni en el informe del Ministerio Fiscal la existencia de esa generalidad de personas" afectadas, en las que se basa la competencia de la Audiencia Nacional.

El juez Pedraz critica que la petición firmada por el fiscal Jesús Alonso introduce datos -como la resolución del juez de Londres que motivó el cese de actividad de Air Comet tras la demanda del banco alemán Nord Bank- "sin que se sepa de dónde los obtiene, pues no constan en la causa".

Recuerda asimismo que si esos datos se han obtenido de los medios de comunicación "no sirven de base para abrir una investigación judicial" aunque añade que "el Ministerio Fiscal sí, en cambio, podría haber iniciado antes unas diligencias de investigación".

En cualquier caso, argumenta que "tan notorio y conocido sería el hecho del cese de la actividad como que éste no se debe a la voluntad de los legales representantes de la entidad comercial como al cumplimiento de un requerimiento de una autoridad judicial".

No obstante, afirma que el perjudicado sería la Administración, ya que no existen perjudicados "estrictu sensu" por cuanto que "al parecer vieron satisfechas sus pretensiones por el Ministerio de Fomento, que implementó los medios necesarios para que las personas que quisieran volaran a sus destinos".

También recuerda que en la denuncia de la CEACCU "nada se dice" de los hechos que apoyan la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida e insolvencia punible.

En concreto, echa en falta "cuál ha sido el mecanismo por el que se ha producido y cuáles son los perjuicios causados" a raíz de la supuesta apropiación indebida ni "quién o cómo se ha alzado con los bienes, quién o cómo se realizan el resto de conductas" que componen la insolvencia punible.

Por tanto, el magistrado concluye que "con la escasa concreción señalada, se daría lugar a una investigación prospectiva, desde luego en cualquier caso proscrita".

Según el Ministerio de Fomento, el cese de actividad de Air Comet impidió volar a cerca de 5.000 pasajeros, frente a los 7.000 estimados inicialmente, de los que más de 4.000 viajeros fueron transportados por el departamento de José Blanco.

Los consumidores recurrirán la no admisión a trámite de la denuncia contra Air Comet
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) va a recurrir el auto hecho público este martes y por el que la Audiencia Nacional no ha admitido a trámite la denuncia contra la compañía Air Comet por vender billetes tras su cese de actividad.

"No compartimos la resolución del juez y vamos a recurrir el auto esta misma semana", ha afirmado a Efe el representante jurídico de CEACCU, Eugenio Ribón.

Ribón ha señalado que "es contradictorio" pedir una concreción de los afectados en esta fase inicial en la que el juez solo tiene que "examinar su competencia y verificar si los hechos que se imputan son constitutivos de delito".

Para el representante jurídico de CEACCU, lo primero es que el juez valore si son ciertos los hechos denunciados por esta asociación de consumidores el pasado 23 de diciembre.

"La concreción de los afectados tiene que llegar en una fase posterior como consecuencia de la investigación penal, que es lo que pedimos", ha explicado Ribón.

El representante jurídico de CEACCU ha señalado que ya se ha pedido la identificación de todos los afectados por la empresa propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario Gonzalo Pascual, y que podrían ascender a cerca de 7.000 personas.