caso Pretoria
Garzón rechaza imputar a la ex alcaldesa de Badalona Maite Arqué
martes 12 de enero de 2010, 14:36h
El juez Baltasar Garzón, que investiga el "caso Pretoria" contra la corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades de Barcelona, fue ayer al Senado para tomar declaración como testigo a la ex alcaldesa de Badalona y actual senadora del PSC por Barcelona Maite Arqué i Ferrer.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha rechazado imputar por el momento a la representante de la Entesa Catalana de Progrès Maite Arqué (PSC) después de que este lunes se trasladara hasta el Senado para preguntarle por las operaciones urbanísticas que la presunta trama de corrupción 'Pretoria' desarrolló en Badalona (Barcelona) durante su etapa como alcaldesa, informaron este martes fuentes jurídicas.
El magistrado, que investiga la compra y venta de solares que la trama llevó a cabo en este municipio y en los de Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, se trasladó a la Cámara Alta después de que Arqué se acogiera a su derecho de declarar en su despacho sin necesidad de desplazarse hasta las dependencias judiciales.
Arqué, que fue alcaldesa de Badalona entre 1999 y 2008, fue interrogada por una operación urbanística desarrollada junto al puerto deportivo entre los años 2002 y 2004 y por la que el Ayuntamiento de la localidad dejó de invertir un total de 14 millones de euros, según consta en los autos del juez Garzón.
Fuentes próximas a la senadora, por su parte, confirmaron que la declaración ante el juez se realizó este lunes de forma presencial aunque no quisieron ofrecer ningún detalle sobre el contenido de la misma. En todo caso, señalaron que para Arqué ha sido "un alivio" poder trasladar al juez su versión de los hechos.
Tras la declaración, el juez decidió mantener a Arqué con el estatus de testigo, por lo que de momento no será imputada, al contrario de lo que ha sucedido con el resto de los ex alcaldes de los municipios investigados: Bartomeu Muñoz (PSC), de Santa Coloma de Gramenete, y Víctor Ros (PP), de Sant Andreu de Llavaneres.
La actuación urbanística investigada, denominada 'Operación Badalona', consistió en la adquisición de un solar por parte de la sociedad pública Marina Badalona que fue revendida a las inmobiliarias Espais y Procam utilizando la mediación y los contactos políticos del ex diputado del PSC, Luis García, 'Luigi', y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, todos los cuales se encuentran imputados en la causa.
20 imputados pero sólo uno en prisión
En este procedimiento, que investiga operaciones urbanísticas presuntamente irregulares llevadas a cabo en los municipios barceloneses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, están imputados un total de 20 personas. El único que se encuentra en prisión es Luis García, al que la Sala de lo Penal mantuvo en prisión en diciembre pasado para evitar que pudiera destruir pruebas.
Comparecencias breves
El interrogatorio más destacado de los celebrados este martes en la Audiencia Nacional fue el de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado del presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi', y responsable de la empresa Capital City Consulting, en cuya sede se intervinieron varias obras de arte. El compareciente permaneció más de una hora en el despacho de Garzón aunque rechazó realizar ningún comentario a su salida del juzgado.
Los otros ocho testigos, entre los que se encontraba el ex concejal de Barcelona Ferrán Julián (PSC) y el ex director de Seguridad Ciudadana con CiU, Lluís Renau, comparecieron durante apenas duraron diez minutos y se limitaron a explicar las actividades que desarrollaron en relación con la trama.
"Ha ido bien pero no voy a hacer declaraciones", señaló Julián a su salida del juzgado después de haber afirmado a la entrada que se encontraba "bastante" sorprendido por su citación judicial como testigo. Julián ocupó la cartera de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2003 y 2007 y es en la actualidad consejero delegado de la empresa pública Regesa, perteneciente al Consejo Comarcal del Barcelonès y dedicada a la construcción de vivienda protegida, aparcamientos y labores de rehabilitación.
Renau, por su parte, está vinculado a una compañía denominada Projeces Viner que habría cobrado 120.000 euros del millón que se habría obtenido con la recalificación del solar de la empresa Marina Badalona. A su salida del despacho de Garzón, se mostró satisfecho con el contenido en su declaración y afirmó que había ido "bien".