¿Sociedad anestesiada y desinformada?

Uno de los rasgos que caracteriza la primera década del siglo XXI es la creciente presencia del ámbito público en todos los sistemas políticos. Aunque el tamaño y capacidad de intervención de los estados son diversos, como también lo son las reglas que regulan los derechos y libertades de los ciudadanos o súbditos, cada vez más ciudadanos dependen de una u otra manera del Estado.

En unos casos, los ciudadanos depositan sus votos y sus impuestos (nunca por debajo del 35% de lo que obtienen de su trabajo) en manos de unos representantes, los políticos, quienes los administran. Del Estado liberal y democrático, se pasa al llamado social y democrático de derecho, o del bienestar en el que poco a poco el Estado va incrementando su intervención en la vida de las personas, so pretexto de facilitar y mejorar la vida de sus ciudadanos. Entre los diversos indicadores políticos del creciente intervencionismo público, la creación de nuevos y singulares departamentos ministeriales, con independencia de las competencias formales de los gobiernos, práctica que incluye los de ámbito subnacional: por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona tiene un área de acción social y ciudadanía y otra de bienestar y cohesión territorial. Entre las variopintas denominaciones de las consejerías autonómicas: solidaridad y ciudadanía (Comunidad Valenciana), cultura y medios de comunicación (Cataluña), o vivienda, estas dos últimas que recuperan ministerios que hubo en el franquismo y que se introducen tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y a las que se ha sumado recientemente inmigración e igualdad. Estas nuevas políticas surgidas como respuesta a las reivindicaciones de los nuevos grupos de presión ( ecologistas, feministas) en los países occidentales, fundamentaron los ministerios correspondientes en las últimas décadas del siglo XX y son los precedentes de esta nueva oleada de políticas públicas y de intervencionismo.

En otros países las personas carecen de libertad aunque también reciben del todopoderoso Estado lo que los dirigentes estimen oportuno. Las diferencias entre ambos modelos, se atenúan cuando los estados no democráticos introducen en sus economías criterios de mercado, lo que permite mejorar la vida de sus súbditos respecto a lo ocurrido en los estados socialistas. Tal es el caso de los súbditos chinos y rusos hoy, respecto a décadas anteriores, aunque siguen sin libertad y sin derechos democráticos.

El incremento del intervencionismo de los estados también se ha debido al creciente papel de organismos supranacionales en el mundo globalizado. Desde estas instancias, donde son mayoría países no democráticos, se aprueban propuestas intervencionistas con disfraz buenista, (alianza civilizaciones, cambio climático…). Incluso, la Unión Europea integrada solo por democracias, aunque las elecciones las ganen formaciones de derecha (liberal, democristiana y conservadora), es frecuente que se sumen o lideren posturas intervensionistas: por ejemplo, la inclusión en el preámbulo del Tratado de Lisboa de una referencia a los derechos de las minorías, la tolerancia, o la igualdad entre hombre y mujer.

Cabe pensar que este tipo de iniciativas, junto con la cartelización de los partidos (ver mi artículo 27 noviembre “la corrupción y los partidos en España”) ha dado como resultado la creciente invasión de los partidos y de lo público en la vida de los ciudadanos, pero ¿Son responsables de esta situación los partidos y los políticos?¿Qué hacen los ciudadanos ante esta tendencia de los partidos cartel, especialmente los de izquierda, a ampliar su esfera de influencia construyendo gobiernos grandes (big government)?. ¿Se trata de unas relaciones esquizofrénicas?. Según las encuestas, los ciudadanos no quieren pagar más impuestos, pero exigen más y mejores servicios lo que resulta ser, como en otros muchos asuntos, respuestas contradictorias. Estas demandas contradictorias obedecen a que los ciudadanos desconocen el coste de los servicios públicos que reciben, como ocurre por ejemplo en España.

Pero, ¿Por qué las administraciones públicas no dan factura por cada servicio que prestan? , ¿Por qué cuando se pagan impuestos no desglosan la distribución del gasto que realizan con estas tasas?. La mayoría de los políticos considera que dar factura sería una actuación políticamente incorrecta. Pero, la información por medio de un recibo del coste de cada plaza educativa, del servicio médico , permitiría que los ciudadanos tuvieran una información real de lo que sus representantes hacen con sus impuestos y también un control más adecuado de cómo lo hacen. Es decir contribuiría a fortalecer la responsabilidad de los ciudadanos y quizá limitaría la creciente invasión de lo público sobre las personas.