Cine en catalán por obligación

Es conocido el uso que los nacionalistas hacen de la lengua como elemento excluyente y transgresor. En la mayor parte de ocasiones, se crean artificialmente problemas donde no los hay, destacando en esta faceta las iniciativas del tripartito catalán. Y es precisamente en Cataluña donde se ha dado la última vuelta de tuerca a esta sinrazón lingüística, con la aprobación de un proyecto de ley –que bien podría haber firmado el mismísimo general Franco- por el que cada vez que se estrene un largometraje cinematográfico en la comunidad autónoma, doblado o subtitulado, las empresas distribuidoras deberán distribuir el 50% de todas las copias en versión en catalán y deberán respetar este equilibrio lingüístico en la publicidad que se haga. Y todo ello a costa de las empresas de distribución. Se da la circunstancia de que en el año 2009, el 97,1% de las películas que se exhibieron en Cataluña estaban dobladas o subtituladas en castellano, mientras que sólo el 2,9% fueron dobladas o subtituladas al catalán.

Los datos son tozudos. El principal interés de una distribuidora es que el público asista a ver la película que distribuye, por lo que ya se cuidará muy mucho de hacer lo posible para que esto suceda. Así las cosas, la cifra de asistentes a las salas de cine en Cataluña durante el pasado año refleja bien a las claras una realidad que nacionalistas y socialistas catalanes parecen empeñados en ignorar: el ciudadano catalán va al cine cuando la película le resulta atractiva, sin importarle que no esté doblada al catalán. No puede decirse que haya una demanda social en este sentido; fundamentalmente, porque el espectador catalán es inteligente y sabe que las grandes distribuidoras se negarán a distribuir películas que previamente hayan tenido que doblar a otro idioma diferente al castellano -por lo demás, lengua oficial del Estado.

Las lenguas vernáculas son un rico patrimonio de toda España que el Estado y las distintas comunidades autónomas deben cuidar y potenciar. Pero lo que nos es de recibo –nunca mejor dicho- es que la cuenta la paguen las distribuidoras, que son empresas privadas y libres a las que no se les puede endosar gastos por decreto: si se quieren películas en catalán –y ello es perfectamente defendible- que se sufraguen de fondos públicos, un gasto que el contribuyente siempre tiene ocasión de refrendar y corregir en las elecciones. Discriminación positiva, sí. Idiomas impuestos por obligación a ciudadanos y empresarios, ninguno. Por cierto, que el dossier, vídeo incluido, con que Barcelona pretende arrebatar a Jaca los Juegos de invierno de 2022 -lo nunca visto en la historia del olimpismo; dos ciudades de un mismo país compitiendo entre sí- está en castellano. A veces, el ridículo nacionalista no tiene límites.