Las claves de por qué el Gobierno y el PP no se entienden en Economía

Elena Salgado, ministra de Economía: "La reunión con el PP ha sido positiva y útil". Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP: "No puede haber un acuerdo global con un Gobierno que sube los impuestos y el IVA". A juzgar por estas declaraciones, los líderes del Ejecutivo y la oposición parecen haber estado sentados en mesas diferentes esta semana.

Mientras Salgado destacaba las coincidencias con la mitad de las propuestas 'populares', el PP se apresuraba a aclarar que los puntos comunes son los de menos enjundia.




En apenas ocho folios, la oposición ha condensado 40 propuestas concretas que contrastan con la vaga declaración de intenciones a la que el Gobierno dedica más de 30 páginas. Además, basta con cotejar ambos documentos para comprobar las diferencias de fondo en ejes tan cruciales como la política impositiva, el gasto público o la austeridad presupuestaria.

Política fiscal
El PP no sólo es contrario a la subida de impuestos prevista para el mes de julio, sino que propone una rebaja selectiva de los mismos. En concreto, aboga por derogar los aumentos aprobados en la Ley de Presupuestos y cambiar el régimen de pago del IVA para que autónomos y Pymes no tengan que pagarlo antes de cobrar las facturas. Asimismo, plantean la reducción de dicho impuesto hasta el 4 por ciento para las actividades turísticas y hasta el 8 para la rehabilitación de viviendas.

El Gobierno, en cambio, apenas dedica un folio de 32 a este capítulo. Entre las medidas contempladas, se encuentra el mencionado "IVA de la fontanería", propuesto con anterioridad por el PP.

Austeridad presupuestaria
La 'troika' ministerial no quiere ni oír hablar de la propuesta de "la eliminación de la Vicepresidencia Tercera y de los Ministerios de Igualdad y Vivienda", así como la reducción del número de asesores y altos cargos. Y ello a pesar de tratarse no sólo de uno de los puntos del documento 'popular', sino de cuatro iniciativas aprobadas por las Cámaras desde abril de 2009.

Además, el PP quiere reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y establecer "techos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas", frente a iniciativas gubernamentales tan inconcretas como el compromiso de "que las nuevas actuaciones que puedan aprobarse resulten neutrales en términos presupuestarios".

Tampoco deja claro el Ejecutivo en su documento "Acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación del empleo" cómo va a reducir los gastos de personal un 4 por ciento, lo que ha obligado a las vicepresidentas a aclarar que no se tocarán los sueldos de los funcionarios sino que el recorte se hará por la vía de la contratación.

Todo ello con el objetivo de reducir el déficit del actual 11,4 al 3 por ciento de aquí a 2013, como ha establecido Bruselas.

Reestructuración del sistema financiero
Agilizar el proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero para que el crédito vuelva a fluir hacia las familias y las Pymes es el primero de los puntos de acuerdo entre Gobierno y oposición, si bien difieren en la forma de llevarlo a cabo. En este sentido, el Ejecutivo sigue empeñado en convertir el ICO en una banca pública que corra con los riesgos de múltiples líneas de crédito.

Asimismo, ambas formaciones, en su apuesta por reducir la morosidad, pretenden limitar a 60 días el plazo máximo de pago en las relaciones comerciales.

Competitividad
El PP exige un Plan anual de Competitividad que fije por escrito los objetivos y actuaciones en esta materia. De igual modo, resalta la importancia de recuperar las deducciones para la internacionalización de las empresas españolas y "proporcionar un marco fiscal atractivo a las actividades de I+D+i".

El Gobierno, en cambio, no concreta cómo piensa alcanzar "un nivel de inversión en I+D del 2,5 por ciento de PIB en 2015".

Política energética
Tampoco concreta el Ejecutivo cómo va a definir el mix energético o cómo va a incrementar la competencia en el mercado de la electricidad. Por ello, no es de extrañar que el PP le reclame que profundice en las políticas de ahorro y eficiencia energética, además de que se replantee el cierre de la central nuclear de Garoña.

En este capítulo, el Gobierno prevé un nuevo Plan E, en concreto, el Plan 2000 ESE "de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las Administraciones Públicas". Asimismo, contempla deducciones en el IRPF para favorecer el uso del transporte público y la incorporación progresiva del vehículo eléctrico al parque móvil español.

En cuanto al empleo, el Gobierno considera que se trata de una materia de debate de la mesa de diálogo y no de la comisión económica, por lo que se ha cerrado en banda a negociar a las intenciones del PP de simplificar el actual abanico de contratos con un nuevo contrato indefinido, bonificar las cotizaciones de los nuevos contratos y permitir la colaboración público-privada en los servicios de empleo en tareas de búsqueda de trabajo y colocación de parados.