Demanda al Gobierno

Las empresas propietarias de Santa María de Garoña están dispuestas a presentar una demanda ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, reclamando la anulación de la Orden Ministerial del 3 de julio de 2009 sobre el cierre definitivo de la central nuclear. Se reclaman 604 millones de euros y se argumenta que el CSN informó favorablemente a la renovación de la explotación, y que se ha impuesto a Nuclenor un acto arbitrario y político con la decisión de su cierre y sin fijar indemnización.

La junta de Castilla y León ha presentado igualmente un recurso donde se exige al ejecutivo que dé marcha atrás a una decisión que sólo responde a motivaciones políticas y oportunistas.

En Estados Unidos se ha decidido renovar la autorización de funcionamiento al 50 % de los reactores en operación por un plazo de 20 años. Es relevante el caso de Suecia que con diez reactores en operación ha puesto fin a su moratoria nuclear para permitir construir nueve centrales más.

En España se debe garantizar la operación de Santa María de Garoña ya que está legitimada por el CSN.