Censo, inmigración ilegal y fariseísmo

La polémica suscitada en el ayuntamiento de Vic (Barcelona), cuyo regidor había decidido negarse a empadronar a los inmigrantes en situación irregular, no es exclusiva del municipio catalán. Antes al contrario, una gran cantidad de municipios españoles han de enfrentarse a diario con un problema ante el que son el primer muro de choque. Porque es precisamente la administración local la que ve cómo en sus términos municipales deben convivir a diario con un importante número de inmigrantes ilegales, cuya presencia es insoslayable. Europa ya se ha pronunciado al respecto, anunciando que la competencia en materia censal es estrictamente nacional, pero aprovechando para recomendar que no se tolere el empadronamiento de personas sin papeles.


Dicho de otro modo, es la administración central la que ha de actuar. No cabe aquí transferencia autonómica alguna, por cuanto que el artículo 149.2 de la Constitución dispone que las cuestiones relativas a inmigración y nacionalidad son competencia exclusiva del Estado. Los ayuntamientos hacen lo que pueden pero no se les puede exigir que hagan lo indebido: es decir, lo que les está vedado por la norma suprema. De ahí, que resulte absolutamente intolerable el fariseísmo de unos y otros a la hora de abordar un problema tan serio con la trascendencia que merece, en lugar de utilizarlo como arma electoral arrojadiza. Véase de nuevo el caso de Vic; el anuncio de su alcalde -de CIU-de dar traslado a la Delegación de Gobierno los casos de inmigrantes ilegales de los que tenga constancia ha sido criticado por el PP, acusando a la formación nacionalista de haber refrendado con sus votos la Ley de Extranjería, fruto a su juicio de todos estos males. El PSOE, por su parte, acusa al PP poco menos que de xenofobia, mientras mira hacia otro lado. Y entre tanto, el problema sigue ahí. Ya va siendo hora de que el Gobierno tome cartas en un asunto que se le puede acabar yendo de las manos.