Berlusconi y la ley mordaza

El Senado italiano aprobó el nuevo polémico proyecto legislativo, llamado “ley mordaza” que impedirá la difusión de grabaciones telefónicas ejecutadas por orden judicial en procesos de investigación. Para completar su iter, la ley deberá pasar por una tercera lectura en la Cámara baja, en la que la aprobación está garantizada por la amplia mayoría del Gobierno y venir firmada por el presidente de la República, señor Napolitano. Entre otras cosas, la ley limita el uso de las interceptaciones que, a partir de su aplicación, sólo se podrán realizar cuando el fiscal detecte “graves indicios de delito” y durante un máximo de 75 días. La ley prevé penas de hasta 450.000 euros para los editores que las publiquen durante la investigación preliminar.

Resulta comprensible el malestar y las protestas de los jueces, de las fuerzas del orden y de los periodistas que, por la aplicación de esta ley, verán sus actividades comprometidas y entorpecidas. Tal como es presentada, la norma afecta de manera muy profunda al sistema judicial, a la ya complicada lucha antimafia y a la, frecuentemente, amenazada libertad de prensa. Con el pretexto de defender la intimidad ciudadana, se presenta una ley que obstaculiza la libertad de investigar los delitos y acciones criminales, redimensiona la libertad de prensa y de información, limita el derecho de los ciudadanos a ser informados y formar una opinión pública crítica e instruida. En un Estado moderno y democrático, los órganos jurídicos deben contar con la total libertad en la búsqueda de pruebas contra el crimen; las informaciones deben circular libremente, permitiendo a los ciudadanos de valerse de su derecho a acceder a las noticias para comprender y ejercer su función de control de la actividad pública.

La defensa de la privacidad no puede convertirse en la excusa para reducir la libertad de investigación y de información. Un sistema democrático debe contar con todos los medios en la lucha a la criminalidad y a la ilegalidad, garantizando al mismo tiempo la transparencia de la información. La defensa de la intimidad no puede subyacer un efecto intimidatorio contra la prensa (como demuestran las carísimas sanciones), ni obstaculizar el uso del instrumento de la escucha telefónica por parte de magistrados y fuerzas del orden. Con esta medida, la batalla contra el crimen organizado, una de las plagas de Italia, sufrirá un enorme retroceso.

Finalmente, un Gobierno democrático debe garantizar la información de sus ciudadanos; anhelar que se forme una opinión pública libre, autónoma y crítica. Al contrario, la ley parece confirmar la tentación dictatorial del actual primer ministro, que sólo unos días antes afirmaba “Gobernando teniendo en cuenta la Constitución es un infierno”. No es la primera vez que Berlusconi ataca frontalmente la arquitectura institucional de Italia, la división de poderes y un estado de Derecho que se creía ya consolidad. Asimismo, en el Parlamento, el uso y abuso constante a la llamada cuestión de confianza (trigésima cuarta ocasión desde el inicio de su legislatura, 2008), que permite saltar el debate de enmiendas, resulta antidemocrático, como han afirmado por varias partes (Conferencia Episcopal, Asociación Nacional Magistrados, etc.). Planteado así el debate y la aprobación de una ley tan controvertida, es inevitable la impresión de que, una vez más, los parlamentarios italianos se preocupan de salvaguardar la casta de Gobierno.