EA no puede ser el coladero de ETA

Que todo el nacionalismo vasco, radical o no, comparte los mismos objetivos, es algo que ni ellos mismos se han atrevido nunca a negar. A diferencia de lo que sucede con el catalán, donde partidos como CIU han mantenido siempre unos postulados inequívocamente alejados de la violencia, en Euskadi un nutrido sector del PNV -Arzallus, Eguíbar, Ibarreche- y la práctica totalidad de Eusko Alkartasuna (EA) mantienen unos nexos afectivos con sus correligionarios nacionalistas partidarios de la violencia más estrechos de lo que sería deseable. Fundamentalmente, porque esos correligionarios nacionalistas que se amparan bajo siglas como Batasuna -o la marca electoral que en ese momento imponga ETA- no son sino parte de un todo que configura uno de los entramados terroristas más sanguinarios del mundo.

Parte indispensable de esa estructura criminal, dicho sea de paso. Así lo han determinado la práctica totalidad de instancias judiciales, no sólo españolas sino europeas: ETA no son sólo quienes matan; también quienes la sostienen políticamente. De ahí que sea una cuestión de Estado el impedir que los terroristas vuelvan a acceder a las instituciones y, con ello, a publicidad, subvenciones y cuota de poder público. El ordenamiento jurídico español se ha dotado de un instrumento que se ha demostrado sumamente eficaz en la lucha contra el terrorismo, cual es la Ley de Partidos. En virtud de ella, sólo aquellas formaciones que condenen explícitamente la violencia podrán participar en la vida política española.

No es el caso de Batasuna. Y no lo es, porque es de suyo imposible condenarse a sí mismos: ellos también son ETA. De ahí que cueste entender que una formación política como EA que, si bien ha caminado siempre por la frontera del mundo abertzale -traspasándola en más de una ocasión- ofrezca ahora al entorno de ETA una colaboración política “en un marco de paz”. Que se sepa, ningún dirigente de Batasuna ha comparecido públicamente para condenar expresamente la violencia. Tampoco han rechazado las acciones de ETA, ni han trasladado muestra alguna de apoyo a las víctimas de terrorismo. Por tanto, no son los violentos quienes se acercan a las instituciones, sino un partido supuestamente legal el que acude en su rescate. Y eso es intolerable. Sin renuncia a la violencia no hay cabida en una sociedad democrática. Sin ambages ni componendas. Lo contrario es una traición a la memoria de más de 900 personas que han perdido la vida a manos de un fanatismo nacionalista que dura ya demasiado.